Sin duda alguna. Ni se puede justificar que unos delincuentes, sean “payos” o gitanos, se dediquen a robar y a sembrar el miedo y la inquietud en una pacífica comunidad de vecinos, como tampoco se puede justificar que más de 400 personas se manifiesten de forma ilegal ante las viviendas ocupadas por los sospechosos, entren en las mismas, las destrocen, se conviertan ellos mismos en ladrones  de los enseres que había en su interior y posteriormente les prendan fuego a las casas. Ni una cosa ni la otra son de recibo.

Dicho lo cual, desde nuestra organización solo cabe manifestar las siguientes consideraciones:

Primero: El Estado de Derecho y nuestra Constitución consagran el principio de inocencia. Para destruir ese principio es necesario que se manifiesten los tribunales. Tan inocentes son de ser ladrones los sospechosos, mientras que no caiga sobre ellos una sentencia, como inocentes lo son igualmente los asaltantes de las viviendas y los pirómanos que les metieron fuego mientras no se les identifique fehacientemente y sean igualmente condenados por los tribunales.

Segundo: Ese principio es el que garantiza que nuestra vida transcurra con las garantías de que los derechos de los más débiles sean siempre respetados. Lo contrario sería la Ley de la jungla. Sería una sociedad en la que los más fuertes, los más violentos impondrían siempre su voluntad.

Tercero: Nadie puede tomarse la justicia por su mano. Hacerlo así supondría entrar en una espiral de terror y de venganza. Tan condenables son los robos denunciados como la violencia desatada por los justicieros que amparados en la masa entraron en las viviendas, las saquearon y les prendieron fuego. Solo la ley debe imperar en estos conflictos y solo el Estado tiene el poder y la legitimidad para actuar con violencia contra los transgresores de la Ley.

Cuarto: En la medida en que han sido miembros de nuestra comunidad los que se han visto implicados en estos lamentables acontecimientos estamos procediendo a la averiguación más fidedigna de cómo se han producido los acontecimientos reservándonos el derecho de actuar judicialmente contra quienes fuera de todo orden han actuado con violencia contra las personas o sus enseres.

Quinto: Nos preguntamos ¿que parte de culpa o responsabilidad tienen las autoridades, especialmente las responsables de guardar el orden público, en consentir que las cosas hayan llegado a este extremo? ¿Por qué no han actuado con eficacia desde el primer momento en que se formuló una denuncia por robo? ¿Acaso no es la principal obligación de las autoridades municipales velar por que no se rompa la concordia y la convivencia entre los vecinos? El ordenamiento jurídico español contempla una amplia gama de posibilidades para que los ayuntamientos, y en especial su alcalde, hagan uso de las medidas más adecuadas para velar por el orden público entre sus vecinos. Y seguimos preguntándonos, ¿cómo no se puso remedio antes a la ola de robos denunciada por los vecinos?

Sentados los anteriores criterios debemos, una vez más, lamentar el eco que esta noticia ha tenido en la mayoría de los medios de comunicación españoles. Una vez más la referencia a que han sido “gitanos” los sospechosos de los robos, -o miembros de “la etnia gitana” como tan ridículamente se nos denomina de algún tiempo a esta parte-, ha puesto el foco sobre nuestra comunidad alimentando así el convencimiento de los racistas que manifiestan que todos los gitanos somos, como mínimo, delincuentes en potencia.

No obstante queremos agradecer desde aquí que algún medio de amplísima difusión nacional y que ha dado una cumplida y rigurosa versión de los hechos, en ningún momento ha utilizado la palabra “gitano” en su crónica periodística. Sin embargo no ha sido así por parte de la TV pública, porque TVE sí ha contribuido al mantenimiento del estigma que pesa sobre todos nosotros informando que los implicados en los robos eran individuos de “etnia gitana”.

Y seguimos preguntándonos una y otra vez ¿por qué ha de pagar toda una comunidad, formada por más de 700.000 personas en España, los posibles delitos cometidos por cualquiera de sus miembros?

Esa sigue siendo la cuestión.

Por la Junta Directiva de la Unión Romaní

Juan de Dios Ramírez-Heredia

Presidente