| 16-30.11.2003
/ Emma Nicholson, enviada de la Unión Europea, exigió actuaciones
inmediatas
El Gobierno de Rumania ha abierto una investigación
sobre las bodas de menores de edad gitanos. Esta acción se produce
como resultado del estupor que ha causado, tanto en el ámbito nacional
como internacional, la boda de Ana Maria Cioaba con su prometido, de 15
años, que se celebró hace unas semanas. La edad de Ana Maria
-12 o 14 años, según las informaciones- y su aparente rechazo
a contraer matrimonio, provocaron las peticiones para que las autoridades
se hiciesen cargo de ambos niños.
Su padre, Florin Cioaba, el autoproclamado rey de los
gitanos, apareció en televisión tres días después
del enlace para defender la boda.“Como padre, sé qué les
conviene a mis hijos. Hay leyes que se deben respetar. Nosotros, los gitanos,
tenemos la tradición de casar a nuestros hijos cuando aún
son menores”, afirmó Florin Cioaba. Pero las autoridades rumanas
anunciaron que investigarían esta boda. “Las autoridades rumanas
no reconocen este matrimonio, y hemos iniciado una investigación
para esclarecer cómo se ha podido llevar a cabo una boda entre
menores”, declaró Serban Mihailescu, funcionario del Gobierno.
En declaraciones de un representante del Reino Unido “sólo
porque algo sea inmoral en nuestra cultura no significa que sea inmoral
en todas las culturas”.
Un portavoz de la policía de Sibiu, Transilvania, donde se celebró
la boda, confirmó que se había abierto una investigación
criminal, y que algunos miembros de las familias habían prestado
declaración ante la policía. “Estamos realizando una investigación
sobre la base de acusaciones por relaciones sexuales entre menores”, dijo
este portavoz. La familia gitana tildó esta investigación
de “farsa contra la familia real”.
La edad mínima legal para contraer matrimonio en
Rumania es de 16 años, pero los corresponsales extranjeros dicen
que la práctica de casar a niños en edad escolar sigue siendo
común entre la comunidad gitana, y las autoridades normalmente
hacen la vista gorda.
Rumania quiere adherirse a la Unión Europea en
2007, y una feroz carta de la enviada de la UE, Emma Nicholson, en la
que exigía que se actuase inmediatamente, puede haber hecho que
las autoridades tomaran medidas.
Ana Maria fue prometida en matrimonio a la edad de siete
años, al parecer, por 500 monedas de oro. Algunos amigos de la
niña calificaron la consumación de su matrimonio como una
violación estatutaria.
Dana Chendea, la portavoz de la familia Cioaba afirmó
que “tras la noche de bodas, la familia del novio enseñó
las sábanas que probaban la consumación”. Según los
funcionarios, si las investigaciones concluyen que la pareja mantuvo relaciones
sexuales, Ana Maria podría ser apartada de sus parientes, con quienes
vive ahora. “Se podría tomar la decisión de llevarla a un
centro de menores”, dijo Mr Mihailescu.
Ofensa al pueblo gitano
La portavoz de la familia Cioaba dijo que Ana Maria había
empezado a “resignarse a su destino”. “Pasaron la noche (de bodas) juntos.
Ése era el trato. Nadie le preguntó si quería hacerlo”,
continuó.
El único gitano miembro del parlamento ha calificado
esta boda de “ofensa” al pueblo gitano. “Una niña de 12 años
no puede entender la noción de matrimonio y las obligaciones que
conlleva casarse”, dijo Madalin Voicu.
Las cifras oficiales dicen que en Rumania viven más
de 550.000 gitanos, pero se cree que la cifra real es de más de
un millón y medio. Rumania cuenta con una población de 22
millones de personas.
El ‘European Romà Rights Center’ (ERRC) se ha mostrado
satisfecho con la decisión del ‘Child Protection Service’ (Servicio
de Protección del Menor) de Sibiu, Rumania, de separar a Ana Maria
Cioaba, una chica gitana de entre 12 y 14 años de edad (depende
de la fuente informativa que se cite), y Mihai Birita, un gitano de 15
años. La Sra. Anca Dragan, directora del ‘Child Protection Service’,
informó al ERRC que la decisión, con la que tanto la Sra.
Cioaba como los padres de Birita están conformes y así lo
han declarado por escrito, expone que ambos chicos deben volver a casa
de sus padres, asistir al colegio y recibir asesoramiento en el Servicio
de Protección del Menor hasta que alcancen la edad legal para contraer
matrimonio.
En los últimos días, los medios de comunicación
de varios países han prestado una gran atención a la cuestión
de la boda en Rumania de Ana Maria Cioaba, a quien, supuestamente, algunos
miembros de su familia obligaron a casarse. Según las informaciones
de los medios de comunicación, la policía de Rumania ha
abierto una investigación “bajo acusaciones de mantener relaciones
sexuales con un menor”, aunque el periódico ‘Evenimentul Zilei’
aseguró que el Sr. Doru Pioana de la ‘Sibiu Tribunal Prosecutor’s
Office’ (Oficina del Tribunal Acusador de Sibiu) había dicho que
no existían pruebas que demostraran que la pareja mantuvo relaciones
sexuales.
La investigación se inició siguiendo las
peticiones de la Baronesa Emma Nicholson, miembro del Parlamento Europeo
y enviada de la UE a Rumania. Varias agencias de noticias atribuyen a
la Baronesa Nicholson unas declaraciones en la que afirma que “la aplicación
de los derechos humanos a todas las personas es esencial para conseguir
la entrada en la Unión Europea. Lamentablemente, Rumania aún
tiene una serie de deficiencias que obstaculizan su progreso, a no ser
que se sean abordadas urgentemente”. La principal cobertura mediática
de la boda y sus consecuencias ha sido realizada por medios como la BBC
y la agencia Associated Press. Tal y como lo presentaba la prensa sensacionalista,
el núcleo de la cuestión –hasta qué punto la Sra.
Cioaba fue obligada a casarse- todavía está por aclarar.
Sin embargo, el debate público sobre el tema ha concedido a las
jóvenes gitanas la oportunidad de expresar sus opiniones sobre
este asunto.
El ERRC es consciente del debate creado en relación
con la tolerancia de las prácticas tradicionales y los límites
del orden liberal. Sin embargo, el matrimonio obligado es una violación
de los derechos humanos fundamentales, que implican una amplia variedad
de criterios morales y leyes internacionales. Es notable destacar que
el Artículo 23(3) del ‘International Covenant on Civil and Political
Rights’ (Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos)
afirma que “No se puede producir ningún matrimonio sin el libre
y total consentimiento de los dos futuros esposos.” El investigador de
la Unión Europea sobre Violencia Contra las Mujeres señaló
recientemente que “un matrimonio obligado es un matrimonio realizado sin
el válido consentimiento de ambas partes, en el que la coacción
es el factor principal. Es una violación de los derechos humanos
internacionales y no se puede justificar por causas religiosas ni políticas.”
El matrimonio obligado de menores implica también una amplia variedad
de derechos humanos fundamentales, poniendo así en duda la obediencia
de los estados a la ‘International Convention on the Rights of the Child’
(Convención Internacional sobre los Derechos del Menor), cuyo principio
fundamental es “en beneficio del menor.” El artículo 19(1) de la
Convención afirma: “Los partidos estatales deben tomar las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas más adecuadas
para proteger al menor de cualquier tipo de violencia física o
mental, daño o abuso, abandono o trato negligente, maltrato o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras esté al cuidado del (los) padre(s),
tutor(es) legal(es) o cualquier otra persona que tenga la custodia del
menor”.
Además, el matrimonio de menores es, en sí
mismo, de gran preocupación. El matrimonio entre menores constituye
una amenaza para la realización del derecho a la educación,
garantizado bajo numerosos instrumentos que incluyen la ‘European Convention
on Human Rights’ (Convención Europea por los Derechos Humanos),
el ‘International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ (Convenio
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
y la ‘Convention on the Rights of the Child’ (Convención sobre
los Derechos del Menor). El matrimonio de menores también crea
las condiciones para la vulneración o la limitación innecesaria
del derecho al mayor grado posible de sanidad. Y lo que es aún
más importante, como agentes morales con limitaciones, los menores
son incapaces de tomar decisiones en el sentido de lo que expone el Artículo
23 del ICCPR, citado anteriormente. Por esta razón, bajo la ‘European
Convention on Human Rights’, el derecho al matrimonio se establece de
la siguiente manera en el Artículo 12: “Los hombres y las mujeres
en edad de casarse tienen el derecho a contraer matrimonio y fundar una
familia, de acuerdo con las leyes nacionales que gobiernan el ejercicio
de este derecho.”
El ERRC ha condenado constantemente las violaciones de
los derechos humanos de los gitanos en Rumania. En la mayoría de
casos, los autores han sido personas no gitanas. En este caso, los autores
eran familiares gitanos de las víctimas. El ERRC se alegra de la
decisión tomada por el gobierno rumano y desea ver también
el cumplimiento efectivo de la ley en los cientos de casos en lo que los
responsables son rumanos no gitanos. Es crucial que las autoridades rumanas
demuestren imparcialidad en sus acciones para combatir la violación
de los derechos humanos.
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