El Gobierno rumano abre una investigación sobre
la boda de menores gitanos

     16-30.11.2003 / Emma Nicholson, enviada de la Unión Europea, exigió actuaciones inmediatas

  El Gobierno de Rumania ha abierto una investigación sobre las bodas de menores de edad gitanos. Esta acción se produce como resultado del estupor que ha causado, tanto en el ámbito nacional como internacional, la boda de Ana Maria Cioaba con su prometido, de 15 años, que se celebró hace unas semanas. La edad de Ana Maria -12 o 14 años, según las informaciones- y su aparente rechazo a contraer matrimonio, provocaron las peticiones para que las autoridades se hiciesen cargo de ambos niños.
  Su padre, Florin Cioaba, el autoproclamado rey de los gitanos, apareció en televisión tres días después del enlace para defender la boda.“Como padre, sé qué les conviene a mis hijos. Hay leyes que se deben respetar. Nosotros, los gitanos, tenemos la tradición de casar a nuestros hijos cuando aún son menores”, afirmó Florin Cioaba. Pero las autoridades rumanas anunciaron que investigarían esta boda. “Las autoridades rumanas no reconocen este matrimonio, y hemos iniciado una investigación para esclarecer cómo se ha podido llevar a cabo una boda entre menores”, declaró Serban Mihailescu, funcionario del Gobierno.
  En declaraciones de un representante del Reino Unido “sólo porque algo sea inmoral en nuestra cultura no significa que sea inmoral en todas las culturas”.
Un portavoz de la policía de Sibiu, Transilvania, donde se celebró la boda, confirmó que se había abierto una investigación criminal, y que algunos miembros de las familias habían prestado declaración ante la policía. “Estamos realizando una investigación sobre la base de acusaciones por relaciones sexuales entre menores”, dijo este portavoz. La familia gitana tildó esta investigación de “farsa contra la familia real”.
  La edad mínima legal para contraer matrimonio en Rumania es de 16 años, pero los corresponsales extranjeros dicen que la práctica de casar a niños en edad escolar sigue siendo común entre la comunidad gitana, y las autoridades normalmente hacen la vista gorda.
  Rumania quiere adherirse a la Unión Europea en 2007, y una feroz carta de la enviada de la UE, Emma Nicholson, en la que exigía que se actuase inmediatamente, puede haber hecho que las autoridades tomaran medidas.
  Ana Maria fue prometida en matrimonio a la edad de siete años, al parecer, por 500 monedas de oro. Algunos amigos de la niña calificaron la consumación de su matrimonio como una violación estatutaria.
  Dana Chendea, la portavoz de la familia Cioaba afirmó que “tras la noche de bodas, la familia del novio enseñó las sábanas que probaban la consumación”. Según los funcionarios, si las investigaciones concluyen que la pareja mantuvo relaciones sexuales, Ana Maria podría ser apartada de sus parientes, con quienes vive ahora. “Se podría tomar la decisión de llevarla a un centro de menores”, dijo Mr Mihailescu.

Ofensa al pueblo gitano
  La portavoz de la familia Cioaba dijo que Ana Maria había empezado a “resignarse a su destino”. “Pasaron la noche (de bodas) juntos. Ése era el trato. Nadie le preguntó si quería hacerlo”, continuó.
  El único gitano miembro del parlamento ha calificado esta boda de “ofensa” al pueblo gitano. “Una niña de 12 años no puede entender la noción de matrimonio y las obligaciones que conlleva casarse”, dijo Madalin Voicu.
  Las cifras oficiales dicen que en Rumania viven más de 550.000 gitanos, pero se cree que la cifra real es de más de un millón y medio. Rumania cuenta con una población de 22 millones de personas.
  El ‘European Romà Rights Center’ (ERRC) se ha mostrado satisfecho con la decisión del ‘Child Protection Service’ (Servicio de Protección del Menor) de Sibiu, Rumania, de separar a Ana Maria Cioaba, una chica gitana de entre 12 y 14 años de edad (depende de la fuente informativa que se cite), y Mihai Birita, un gitano de 15 años. La Sra. Anca Dragan, directora del ‘Child Protection Service’, informó al ERRC que la decisión, con la que tanto la Sra. Cioaba como los padres de Birita están conformes y así lo han declarado por escrito, expone que ambos chicos deben volver a casa de sus padres, asistir al colegio y recibir asesoramiento en el Servicio de Protección del Menor hasta que alcancen la edad legal para contraer matrimonio.
  En los últimos días, los medios de comunicación de varios países han prestado una gran atención a la cuestión de la boda en Rumania de Ana Maria Cioaba, a quien, supuestamente, algunos miembros de su familia obligaron a casarse. Según las informaciones de los medios de comunicación, la policía de Rumania ha abierto una investigación “bajo acusaciones de mantener relaciones sexuales con un menor”, aunque el periódico ‘Evenimentul Zilei’ aseguró que el Sr. Doru Pioana de la ‘Sibiu Tribunal Prosecutor’s Office’ (Oficina del Tribunal Acusador de Sibiu) había dicho que no existían pruebas que demostraran que la pareja mantuvo relaciones sexuales.
  La investigación se inició siguiendo las peticiones de la Baronesa Emma Nicholson, miembro del Parlamento Europeo y enviada de la UE a Rumania. Varias agencias de noticias atribuyen a la Baronesa Nicholson unas declaraciones en la que afirma que “la aplicación de los derechos humanos a todas las personas es esencial para conseguir la entrada en la Unión Europea. Lamentablemente, Rumania aún tiene una serie de deficiencias que obstaculizan su progreso, a no ser que se sean abordadas urgentemente”. La principal cobertura mediática de la boda y sus consecuencias ha sido realizada por medios como la BBC y la agencia Associated Press. Tal y como lo presentaba la prensa sensacionalista, el núcleo de la cuestión –hasta qué punto la Sra. Cioaba fue obligada a casarse- todavía está por aclarar. Sin embargo, el debate público sobre el tema ha concedido a las jóvenes gitanas la oportunidad de expresar sus opiniones sobre este asunto.
  El ERRC es consciente del debate creado en relación con la tolerancia de las prácticas tradicionales y los límites del orden liberal. Sin embargo, el matrimonio obligado es una violación de los derechos humanos fundamentales, que implican una amplia variedad de criterios morales y leyes internacionales. Es notable destacar que el Artículo 23(3) del ‘International Covenant on Civil and Political Rights’ (Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos) afirma que “No se puede producir ningún matrimonio sin el libre y total consentimiento de los dos futuros esposos.” El investigador de la Unión Europea sobre Violencia Contra las Mujeres señaló recientemente que “un matrimonio obligado es un matrimonio realizado sin el válido consentimiento de ambas partes, en el que la coacción es el factor principal. Es una violación de los derechos humanos internacionales y no se puede justificar por causas religiosas ni políticas.” El matrimonio obligado de menores implica también una amplia variedad de derechos humanos fundamentales, poniendo así en duda la obediencia de los estados a la ‘International Convention on the Rights of the Child’ (Convención Internacional sobre los Derechos del Menor), cuyo principio fundamental es “en beneficio del menor.” El artículo 19(1) de la Convención afirma: “Los partidos estatales deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas más adecuadas para proteger al menor de cualquier tipo de violencia física o mental, daño o abuso, abandono o trato negligente, maltrato o explotación, incluido el abuso sexual, mientras esté al cuidado del (los) padre(s), tutor(es) legal(es) o cualquier otra persona que tenga la custodia del menor”.
  Además, el matrimonio de menores es, en sí mismo, de gran preocupación. El matrimonio entre menores constituye una amenaza para la realización del derecho a la educación, garantizado bajo numerosos instrumentos que incluyen la ‘European Convention on Human Rights’ (Convención Europea por los Derechos Humanos), el ‘International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ (Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la ‘Convention on the Rights of the Child’ (Convención sobre los Derechos del Menor). El matrimonio de menores también crea las condiciones para la vulneración o la limitación innecesaria del derecho al mayor grado posible de sanidad. Y lo que es aún más importante, como agentes morales con limitaciones, los menores son incapaces de tomar decisiones en el sentido de lo que expone el Artículo 23 del ICCPR, citado anteriormente. Por esta razón, bajo la ‘European Convention on Human Rights’, el derecho al matrimonio se establece de la siguiente manera en el Artículo 12: “Los hombres y las mujeres en edad de casarse tienen el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, de acuerdo con las leyes nacionales que gobiernan el ejercicio de este derecho.”
  El ERRC ha condenado constantemente las violaciones de los derechos humanos de los gitanos en Rumania. En la mayoría de casos, los autores han sido personas no gitanas. En este caso, los autores eran familiares gitanos de las víctimas. El ERRC se alegra de la decisión tomada por el gobierno rumano y desea ver también el cumplimiento efectivo de la ley en los cientos de casos en lo que los responsables son rumanos no gitanos. Es crucial que las autoridades rumanas demuestren imparcialidad en sus acciones para combatir la violación de los derechos humanos.

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