Unión Romaní dice que los enemigos de los gitanos
son los extremistas que les llevarían a la cámara de gas

      06.06.2008 / El presidente de la Unión Romaní en España, el ex eurodiputado socialista Juan de Dios Ramírez Heredia, reclamó en el Parlamento Europeo superar la división ideológica entre partidos políticos de un signo y otro para analizar la problemática situación de los gitanos en Europa al recordar que el "enemigo" de la etnia gitana son todas las personas extremistas, racistas y fascistas que les llevarían "de nuevo a la cámara de gas porque molestamos a la ciudadanía".
      "Flaco favor se nos hace si la causa del pueblo gitano en Europa y en el Parlamento Europeo se convierte en un pim pam pum entre los partidos políticos (...) porque nuestros problemas superan la lucha clásica política entre la izquierda y la derecha, porque nosotros creemos que el enemigo es el racista, el extremista, el nazi, el que nos llevaría de nuevo a las cámaras de gas porque molestamos en la ciudadanía", subrayó durante una intervención en un seminario sobre la situación de los gitanos en Europa, organizado por los grupos parlamentarios socialista, liberales, de los Verdes e Izquierda Unitaria Europea.
Por otra parte, pidió superar las fronteras físicas entre Estados que afectan a los gitanos. "Para nosotros las fronteras no han sido otras más que la dificultad de cruzar las fronteras o la dificultad de navegar los ríos (...). Si no tenemos en cuenta esa realidad, difícilmente vamos a encontrar una solución al 'problema gitano'", agregó.        
      Varios grupos parlamentarios organizaron un seminario sobre los gitanos en Europa y especialmente en Italia y, sobre todo, para abordar la compatibilidad de las medidas propuestas por el Ejecutivo italiano contra la inmigración irregular con la legislación comunitaria. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, dio marcha atrás ayer al reconocer que, a su juicio, no se podía criminalizar la inmigración irregular pero sí considerarla como un agravante a la hora de castigar un delito.
Para el director del Centro Europeo de Derechos de los Roms (ERRC), Claude Cahn, "Italia está violando claramente la legislación europea" relativa a la no discriminación racial y a la libre circulación de personas y consideró que "la directiva contra la discriminación debe ser una herramienta en manos de las víctimas para luchar contra la discriminación social", lamentando que, por ejemplo en la ciudad de Turín, "nadie está dispuesto a alquilar una vivienda a estas familias" gitanas, recalcó.
      Por ello, defendió que "la población romaní necesita una protección especial" de las autoridades y lamentó que los acontecimientos en Italia "no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial" y consideró que el país transalpino "está a pasos de la crisis de Austria" con la subida al poder del partido ultraxenófobo de Jorg Haider que requirió "la implicación de la Unión Europa" en los años noventa.
      La representante de la agencia de ayuda a los refugiados de la ONU (ACNUR) Madelina Garlick admitió durante su intervención que las medidas relativas a refugiados y el derecho de asilado previsto en el paquete de seguridad italiano "está directamente en contra" de la Carta de Derechos Fundamentales de las personas y de la Convención del Estatuto de Refugiado de 1951 al contemplar la posibilidad de expulsar a un inmigrante "incluso antes" de que se escuche su petición de asilo.

Discriminación evidente
      Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unitaria Giusto Catania lamentó que el decreto italiano pretenda "convertir en delincuentes a personas por pertenecer a una etnia" y consideró que considerar la inmigración irregular "un agravante" supone "una discriminación evidente" contra este colectivo. Asimismo, advirtió del peligro en Europa "de volver a perseguir a los gitanos" y reclamó "que se reconozcan como una minoría en Europa".

      El eurodiputado Vittorio Agnoletto, también de Izquierda Unitaria Europea, consideró incorrecto trasladar "toda la responsabilidad" de lo sucedido en Italia con los gitanos al actual Gobierno y sostuvo que "hay personas en todos los partidos que defienden una cultura racista". Sin embargo, criticó las propuestas de Berlusconi al sostener que "es absurdo que la responsabilidad de una persona (que cometa un crimen) se aplique a toda una comunidad". 
Para el eurodiputado socialista Claudio Fava las medidas propuestas por el nuevo Gobierno italiano contra la inmigración irregular colocan a Italia "en una pendiente muy peligrosa" al poner éstas "en entredicho la seguridad en Europa" y denunció que el paquete de seguridad que está analizando las Cámaras italianas "incluye algunos horrores jurídicos" al recuperar "la visión lombrosiana del derecho" que reconoce en  "facciones de la cara y aspectos físicos (...) la tendencia a delinquir". "Se juzga a una persona no por el delito que ha cometido sino por lo que es", algo que es "inconstitucional", denunció.

      En cambio, Fava criticó a Berlusconi por no perseguir "el problema más urgente" que tiene Italia como es la mafia, cuya actividad representa el 3% del PIB del país, recordó. "El Gobierno no hace nada. No ha intervenido para resolver este problema de seguridad real", subrayó.
      Por su parte, el eurodiputado socialista Jan Marinus Wiersma admitió tener "dudas" de que las medidas anunciadas por Italia "son compatibles" con la legislación comunitaria y consideró que las propuestas de Berlusconi en materia de inmigración "están sacudiendo las bases" del Tratado Schengen mientras que, en el caso de las expulsiones que contemplan, "sólo trasladarán el problema de un país a otro". Wierman también reclamó el reconocimiento de la población romaní como minoría étnica en Europa y "tenga representación en la Comisión Europea con un comisario romaní".
      Por su parte, la eurodiputada húngara de origen romaní liberaldemócrata Viktoria Mohacsi, desplazada recientemente a Nápoles para investigar la situación en los campamentos romaníes allí incendiados, se preguntó por qué el Gobierno de Berlusconi "no se concentra" en investigar "las violaciones de Derechos Humanos" que se han perpetrado contra esta comunidad en Italia y lamentó que, tras su visita, ni conoce el número de campamentos prendidos con fuego ni si hay alguien encarcelado por ello. "Todos nuestros valores (democráticos) empiezan con estas investigaciones", recalcó.
(de EUROPA PRESS)