24.12.2008

El aguinaldo del Consejo General del Poder Judicial al juez Rafael Tirado

La Junta Directiva de la Unión Romaní, consultada con carácter de urgencia a propósito de la decisión del Consejo General del Poder Judicial de no castigar adecuadamente al Juez don Rafael Tirado —dejó en libertad al que luego fue el asesino de la niña Mari Luz Cortés— quiere manifestar su más firme repulsa por lo que considera un comportamiento corporativista que abre más si cabe la zanja existente entre los administradores de la Justicia y la opinión que de ellos tiene buena parte de la ciudadanía española.

Nosotros, los gitanos españoles, que por tantas razones, no siempre justificadas, somos carne informativa ante los tribunales, no podemos evitar reconocer que, tratándose de nosotros, siempre hay dos varas de medir. Tenemos que hacer acopio del mejor sentido cívico y ciudadano para no arremeter contra esta decisión que consideramos injusta, vejatoria para la familia de la niña vilmente asesinada, y provocadora para quienes hemos mantenido, durante todo este tiempo, una postura de análisis razonable y desapasionado sobre la necesidad de reformar adecuadamente todo el ordenamiento jurídico susceptible de dejar en la calle a los asesinos, casi sin pisar la cárcel.

No es este el momento de enumerar los agravios comparativos que los gitanos hemos padecido a lo largo de la historia. Ni siquiera queremos evocar la figura estereotipada de ver en la cárcel, condenados muy duramente, a quienes con sus manos sucias han robado una gallina para dar de comer a sus hijos, mientras que los delincuentes de cuello blanco entran por una puerta —cuando entran— y salen impunemente por la otra. En esta ocasión queremos hacer piña con los miembros del CGPJ que han disentido de la mayoría “corporativista” y del Fiscal que se han opuesto a este lamentable fallo. Y unir nuestra voz a la de Juan José Cortes, padre de la infortunada niña, que a la vista del aguinaldo que ha recibido el juez don Rafael Tirado, de parte del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho con más razón que un santo que lo que ha ocurrido es “una vergüenza nacional”.