03.03.2009

Hungría ofrece una compensación a las mujeres esterilizadas a la fuerza

En el transcurso de una sesión parlamentaria, József Gulyás, miembro del Parlamento húngaro, le realizó una pregunta en relación a la esterilización forzosa de una mujer romà al Primer Ministro Húngaro. El Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, Lajos Kórozs, le respondió que el ministerio le ofrecería una compensación económica.

El European Roma Rights Centre (ERRC) y la Agencia de Defensa Legal de las Minorías Nacionales y Étnicas (NEKI), aprueban la decisión del gobierno de Hungría puesto que representa el reconocimiento de la seriedad de esta violación de los derechos humanos y de la importancia de que la ley internacional respete los derechos de las mujeres.

El dos de enero de 2001, una mujer gitana (de nombre A.S.) fue esterilizada de manera coercitiva en el hospital Fehérgyarmat. En los preparativos de una cesárea para la extracción de un feto inerte, a esta mujer se le pidió que firmara los papeles de la autorización junto con los de su esterilización. Sin embargo, los médicos no le explicaron ni el procedimiento, ni los riesgos, ni las consecuencias de la esterilización. Hasta después de la operación, no supo que había sido esterilizada.

El 15 de octubre de 2001, la señora A.S. y su abogado denunciaron al hospital por daños. En la apelación, el tribunal del condado de Szabolcs-Szatmar-Bereg alegó que los médicos del hospital no habían actuado de manera negligente por no haber informado a la señora A.S. del “procedimiento exacto de la operación, de los riesgos de su ejecución o de los posibles procedimientos y métodos alternativos”. Sin embargo, el mismo tribunal dictaminó que, como la mujer no había aportado ninguna prueba de haber padecido daños irreversibles, no tenía derecho a compensación alguna.      

El 12 de febrero de 2004, el ERRC y el NEKI realizaron, junto con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), una queja en relación con la esterilización ilegal basada en el protocolo opcional del CEDAW. En agosto de 2006, el Comité declaró que el Gobierno húngaro había violado la convención y sus recomendaciones fueron: que se compensara debidamente a la señora A.S.; que se revisara la legislación en lo referente al hecho de informar correctamente y de obtener pleno consentimiento en los casos de esterilización y que se asegurara su conformidad con los derechos humanos internacionales y los principios médicos; que se realizara un control de los centros públicos y privados, incluyendo los hospitales y clínicas que llevaban a cabo esterilizaciones para asegurar un pleno consentimiento antes de llevar a cabo el procedimiento. Un año después, el Comité expresó su preocupación por el incumplimiento, por parte del Gobierno húngaro, de las recomendaciones que le habían hecho, y le instó a “ofrecerle una compensación adecuada a la señora A.S.”   

En 2008, el Gobierno húngaro enmendó la ley de salud pública para asegurar que se ofrecería información adecuada a las pacientes que fueran a ser esterilizadas para asegurarse de que su consentimiento era pleno. Sin embargo, en marzo de 2008 el gobierno húngaro le notificó al ERRC que no ofrecería ninguna compensación a la señora A.S.

En la actualidad, después de ocho años de procedimientos legales nacionales e internacionales, el ERRC y NEKI celebran la respuesta de la Secretaría de Estado sobre la compensación de la señora A.S.

Ostalinda Maya, delegada de los derechos de las mujeres del ERRC, afirmó que: “la compensación no es tan sólo para hacer justicia con A.S., sino que también representa el reconocimiento por parte del Gobierno de Hungría de sus obligaciones con las mujeres según establece la ley internacional. Es un paso importante para asegurar el respecto del protocolo opcional de la Convención del CEDAW. Esperamos que las acciones llevadas a cabo por Hungría sirvan de ejemplo para otros países como la República Checa y Eslovaquia, en los cuales el problema de la esterilización coercitiva todavía no se ha solucionado completamente”. El ERRC y NEKI controlarán el cumplimiento de la decisión del gobierno.

(European Roma Rights Centre)