25.01.2010

De ritos y leyes: 500 años de exclusión

La propuesta del Congreso de pedir perdón al pueblo gitano por la discriminación y el maltrato sufridos a lo largo de la historia devuelve a la actualidad una situación que dista mucho de haber sido superada.

En diciembre de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hacía pública la sentencia favorable a María Luisa Muñoz por la que se reconocía la validez del matrimonio gitano como rito de unión entre dos personas y por tanto el derecho, con carácter retroactivo, a cobrar la pensión de viudedad.

El nudo de la causa giraba en torno a la constitución de derechos civiles a partir de ritos sin validez jurídica en el Código Civil español. Así, a pesar de la sentencia del TEDH en la legislación española, los matrimonios distintos al civil y celebrados por otra clase de ritos no producen efectos civiles, a excepción de aquellos que tienen lugar en alguna de las formas religiosas aceptadas expresamente por el Estado, y por tanto inscritos en el registro civil. Según este planteamiento jurídico, el matrimonio a través del rito gitano sigue quedando fuera del reconocimiento legal del Estado español. Aunque María Luisa Muñoz ha sido la primera que ha llegado hasta el final, hay más gente en la misma situación.

No es la primera vez que los rom ven vulnerados sus derechos y costumbres. Ya desde el siglo XVI los gitanos en Europa comienzan a ser perseguidos (Dieta de Augsburgo en 1500) y en lo que se refiere al actual Estado español entre 1499 y 1783 se aprobaron 102 medidas legales en las que se les priva de ciertos derechos legales y comunes, como llevar a cabo sus propias fiestas y ceremonias (la boda o hablar caló entre otras). En la historia más reciente, a pesar de los intentos de Carlos III, la culminación de la Ley de Vagos y Maleantes, primero, y luego la Ley de Peligrosidad Social, se aplicó de forma especial a los gitanos, así como a algunos otros españoles, por no tener un medio de vida reconocido. De hecho, se cuentan hasta 28 Pragmáticas Reales, la primera la de Medina del Campo en el año 1499, en contra de los gitanos en España y varios cientos de leyes de rango inferior.
Hasta el año 1978, con la entrada en vigor de la Constitución, no se les empezó a considerar como ciudadanos de pleno derecho.

Petición de perdón

La intención de presentar un texto en el Congreso en el que “se pedirá perdón al pueblo gitano por todas las situaciones de maltrato, discriminación y vulneración” y en el que se aboga por políticas inclusivas, ya sea implícita o explícitamente, plantea la idea de múltiples ciudadanías que coexisten en el mismo campo geopolítico. Este texto, que se quiere presentar antes de la celebración de la II Cumbre Europea sobre la inclusión de la población gitana, que tendrá lugar en Córdoba el 8 de abril, no resuelve la carencia del Tribunal Constitucional de una interpretación seria contra la discriminación racial. Por lo tanto, sigue vigente la idea de la existencia de ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, cuyos problemas son meramente socio-económicos y no legislativos, como en el caso de María Luisa Muñoz ‘La Nena’.

(Diego Ortega; Periódico Diagonal)