14.11.2011 - A CORUÑA

Piden inhabilitación de dos porteros por racismo en Ferrol

El fiscal sostiene en el juicio que impidieron la entrada a un gitano por su condición étnica, que los imputados niegan

El fiscal pidió la inhabilitación por cuatro meses a dos porteros de discoteca a los que acusa de prohibir la entrada al local a un hombre gitano por su condición étnica.

Se trata de Luis Miguel F. D. y César C. F. y los hechos se remontan a los días previos a las Navidades del 2005. La víctima, Eliseo Monteiro, había salido con un grupo de compañeros de la empresa donde trabajaba. Era una de las cenas habituales que anteceden a la navidad.

Cuando llegaron a los pubs El Pirata y ABC, situados en la zona de Freixeiro, Narón, en Ferrol, se produjo el supuesto incidente. Inicialmente la instrucción judicial había sido tramitado como falta, si bien posteriormente pasó a delito, delito contra los derechos fundamentales, que fue el cargo que formuló el representante del Ministerio Fiscal en la vista celebrada ayer en los juzgados de lo Penal de Ferrol.

El propietario del local, que figuraba como coacusado por la acusación particular, negó los cargos y sostuvo que no se trataba de una cuestión racista, sino que obedecía a un altercado o incidente ocurrido en la puerta. Tesis que mantuvieron también los dos empleados.

No obstante, los testigos que aportó la acusación, entre ellos un compañero de trabajo que había salido aquella noche con Eliseo, confirmaron la versión de éste, en el sentido de que se le cortó el acceso al establecimiento porque era gitano.

Mucha repercusión

El asunto había tenido gran trascendencia en aquellas fechas. La asociación de hosteleros de Ferrol y comarca había pedido disculpas públicamente, si bien atribuyó lo sucedido al exceso de celo de los empleados de la puerta, pero "sin mala intención". Además, la CIG, sindicato al que pertenecía la supuesta víctima, había expresado públicamente su apoyo a Eliseo Monteiro Vargas y sus máximos representantes de la comarca acudieron a los juzgados.

La acusación particular amplió los cargos para otras personas, también por delito contra los derechos fundamentales, si bien dejó la reclamación de responsabilidades civiles para otro pleito en la jurisdicción correspondiente. Es decir, se reservaron el derecho a seguir el asunto por la vía civil.

(Francisco Varela; La Voz de Galicia)