07.02.2013

El Tribunal de Estrasburgo frena un desahucio y pregunta a España qué hará con una madre desalojada

Por Juan de Dios Ramírez-Heredia

Este año, al menos, ha empezado con una buena noticia en el ámbito de la justicia. Cuando tantas cosas andan mal en nuestro país, y la justicia no es una excepción, aparecen decisiones judiciales que nos devuelven la esperanza para confiar en que no está todo perdido. Y una vez más ha sido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el que ha salido en defensa de los más débiles en el litigio. Y de esto, nosotros, los gitanos, empezamos a saber mucho.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha preguntado al Gobierno español sobre qué medidas concretas pondrá en marcha para garantizar el realojamiento de una madre gitana amenazada por un desahucio inminente. La joven madre, de 24 años, ocupaba con sus dos hijos pequeños un piso en Madrid del Instituto Municipal de la Vivienda. Se encontraba en paro y recibía tan solo 500 euros mensuales de renta mínima de inserción

La gitana, como lamentablemente han hecho muchas otras personas, ocupó ilegalmente una vivienda vacía de las que construye el Ayuntamiento de Madrid a pesar de que había solicitado sin éxito una vivienda desde el año 2007. Una vez hecha la demanda de expulsión por parte del Ayuntamiento, el juez del Juzgado nº 24 de lo contencioso-administrativo de Madrid dictó una orden de desahucio. Agotadas las instancias nacionales, el abogado de la demandante pidió al Tribunal de Estrasburgo la adopción de medidas provisionales para paralizar el desahucio.

Y se produjo el milagro porque unas horas antes de la ejecución del desahucio, la Corte Europea, indicó al Gobierno español "que no procediera a la expulsión de la demandante y sus hijos del domicilio que ocupan". El magnífico y eficaz abogado de la gitana −cuyo nombre, según nuestras fuentes, es César Pinto Cañón, abogado de oficio y de ARENCIA (Asociación Renta Ciudadana)− invocó los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe los tratos inhumanos y exige el derecho al respeto de la vida privada y familiar, al tiempo que se quejó de la "ausencia de una propuesta de alojamiento alternativa". Apelando al mismo tiempo al hecho de que la protección de los menores no estaba garantizada.

A nuestro juicio esta disposición del Alto Tribunal de Estrasburgo sienta un precedente de gran valor a la hora de enjuiciar tantos casos similares a los de nuestra gitana madrileña. Disposición de la que pueden beneficiarse, obviamente, no solo los gitanos sino todos los ciudadanos europeos que pudieran encontrarse en iguales o parecidas circunstancias.

Ya lo decíamos al principio: a pesar de lo que está cayendo, de vez en cuando aparece un rayito de luz que nos hace pensar que no está todo perdido.