03.06.2013

La Defensora del Pueblo pide nuevamente a la policía que adopte medidas para evitar los controles basados en perfiles étnicos y raciales

Desde la Unión Romaní queremos hacernos eco de una grata noticia que nos ha llegado a través del Open Society Justice Initiative y que es la petición de Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo, mediante la que insta a la policía a suprimir los controles de identificación que se basan en perfiles raciales.

Hace ya un año, el Ministerio del Interior dio respuesta a una iniciativa anterior de la Defensora del Pueblo mediante la Circular 2/2012 que prohibía expresamente “el establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”.

Sin embargo, este organismo ha seguido recibiendo escritos de ciudadanos que avisaban de la realización de controles discriminatorios en fechas posteriores a la entrada en vigor de dicha circular. En consecuencia, Soledad Becerril se ha visto obligada a redactar una nueva petición mucho más detallada que la anterior para responder debidamente a las demandas de los colectivos afectados.

Las medidas para luchar contra esta discriminación racial incluyen:

-El establecimiento de “formularios de identificación” a ser cumplimentados por los agentes cada vez que sometan a una persona a un control de identidad, en los que se incluyan sus rasgos étnicos y raciales y/o su nacionalidad “de acuerdo con los principios de consentimiento informado y confidencialidad”.

-La elaboración de un “Manual de procedimiento sobre el uso de los formularios de identificación” dirigido a los agentes de la Policía Nacional.

-El establecimiento de “un sistema estadístico de recopilación y seguimiento de los datos desglosados por raza, etnia y/o nacionalidad”, a fin de evaluar –y de este modo paliar- el sesgo discriminatorio de las actuaciones policiales.

-La formación específica a los agentes “en materia de diversidad cultural y capacitación sobre la forma de llevar a cabo controles de identidad con arreglo al principio de igualdad y la prohibición de discriminación”.

-La constitución de “un mecanismo de reclamaciones encargado de recibir quejas individuales de personas objeto de identificación sobre posibles discriminaciones por parte de funcionarios de la policía”.

Esperamos que estas recomendaciones no caigan en saco roto, puesto que, de aceptarse e implementarse correctamente, estas medidas permitirían acotar el problema y solucionarlo de manera óptima, a la vez que se produciría una reforma en estas prácticas policiales. También serviría para “aumentar considerablemente tanto la efectividad de los controles, la calidad de las relaciones de los agentes con los distintos colectivos sociales, así como el grado de legitimidad de las instituciones policiales”, tal como afirma James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative.

(Unión Romaní)