22.11.2013 - EUROPA

Inmigrantes, musulmanes y gitanos son los chivos expiatorios de la ultraderecha europea

El último informe del Consejo de Europa alerta de que las ideologías extremistas van en aumento. El racismo se intensifica. Crecen los discursos de odio contra los grupos más vulnerables, sobre todo en internet. Sus ataques se dirigen a inmigrantes, musulmanes y gitanos. El Consejo de Europa invita a los paises a adoptar leyes que garanticen una verdadera protección contra la discriminación, y critica que los recortes hayan comprometido la lucha contra esas lacras.

Este organismo insiste en que la reducción de las ayudas sociales está en la base de graves problemas, y han provocado que las condiciones de acogida de refugiados o demandantes de asilo sean en algunos países «inaceptables».

La Comisión Europea rebate los clichés de la inmigración, replica a los euroescépticos y demuestra que el número de comunitarios que no trabajan y se aprovechan del Estado de bienestar de otros países es reducido. Tras mucho tiempo de batalla dialéctica, la Comisión ha decidido arrojar luz sobre este debate tan propicio a la demagogia. Y ha demostrado, con datos de distintas fuentes oficiales, que el peso de esa población inactiva que tanto preocupa a Reino Unido, Alemania, Holanda o Austria, es más que reducido.

Los países con mayor porcentaje de extranjeros comunitarios sin trabajo son Luxemburgo, con un 14%, y Chipre, con un 4%, que apenas han alzado su voz en este debate.

La imagen de un parado de Europa del Este afincado en Londres que frecuenta el sistema de salud sin aportar nada a cambio, se está instalando en la mente de muchos europeos como ejemplo indeseado de la integración comunitaria. Y, sin embargo, los datos no respaldan ese cliché. Cansada de oír las quejas de algunos países miembros -capitaneados por Reino Unido-sobre los supuestos abusos de la movilidad en el continente, la Comisión Europea ha rebatido con cifras esos argumentos.

Lejos de ser una marea, el número de ciudadanos comunitarios mayores de edad inactivos que residen en otro país miembro apenas alcanza el 1% de toda la población de la UE: unos cinco millones de personas. Y el 13% de ellos son estudiantes.

Los líderes de las instituciones comunitarias llevan meses preocupados por el giro antiinmigración que han experimentado los discursos de muchos gobernantes al calor de la crisis. La tentación de culpar al extranjero de los problemas del Estado de bienestar ha llegado hasta el punto de arremeter no solo contra los inmigrantes de terceros países, sino contra los comunitarios, principalmente rumanos y búlgaros. El propio presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, sintetizó esos miedos al admitir que las elecciones europeas del próximo mes de mayo serán «extremadamente difíciles» por el riesgo de que los partidos eurófobos capitalicen el descontento de la población.

El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor ha argumentado que «el estudio deja claro que la mayoría de los ciudadanos europeos que se mueven a otro país lo hace para trabajar y pone en perspectiva la dimensión del llamado turismo de prestaciones, que no está muy extendido ni es sistemático».

El texto concede, eso sí, que los flujos de unos países a otros están aumentando. En toda la UE el peso de otros ciudadanos comunitarios se ha duplicado en la última década, hasta alcanzar el 2,6% de la población, un nivel aún muy modesto. Si se toman los 15 países anteriores a las últimas ampliaciones, la presencia es mayor, del 3,2%, porque su mejor posición inicial atrae el éxodo. El documento constata también que Estados con altos niveles de empleo, como Austria y Reino Unido, «han experimentado flujos elevados de inmigrantes en comparación con otros países con menores niveles de empleo». Las cifras demuestran, por tanto, que el debate tiene mucho más de ideológico que de respuesta a un problema real.

El sistema sanitario es otra de las conquistas que algunos europeos creen amenazada, por lo que constituye la esencia del proyecto europeo: la libre movilidad entre fronteras. Los datos que aporta la Comisión reflejan que ese colectivo apenas supone un 0,2% del gasto total en salud.

(Euroxpress)