El pasado 23 de abril se constituyó y presentó el Consejo de Víctimas de delitos de Odio y Discriminación, una iniciativa pionera en Europa que arranca de la decisión de organizar a las víctimas y contar con el apoyo explícito de expertos y entidades especializadas en este sector. Una iniciativa que se pone en marcha tras la aprobación de la Directiva Europea sobre los derechos de las Víctimas 2012/ 29 y que tiene como primeras tareas abordar el Estatuto de la Víctima que ahora se debate en el Congreso de los Diputados y promover una Ley de Protección de Víctimas de Crímenes de Odio  que garantice mediante su asistencia jurídica, atención humanitaria y medidas de protección, información y recuperación integral, la adecuación de la legislación y otras medidas, un efectivo apoyo a las Víctimas del Racismo y la Intolerancia. Además la Ley debe garantizar la formación específica y  la coordinación de todos los agentes implicados en el proceso (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, forenses, psicólogos, magistrados, asociaciones, etc.), para que las víctimas de crímenes de odio sean atendidas en todo momento por especialistas en la materia y sus derechos garantizados.

La base inicial de trabajo  de este Consejo ha sido la importante labor que ha desarrollado Movimiento contra la Intolerancia, que ha prestado atención  durante bastantes años a más de 1.200  personas, en su mayoría inmigrantes, aunque también de otros colectivos y minorías étnicas, religiosas y sociales. En esa labor, se han  ofrecido acciones a las víctimas, tales como la realización de la denuncia, el acompañamiento en diligencias, la localización de testigos, las primeras medidas de auto-protección, los consejos jurídicos y  personación como acusación particular, o en la personación en los tribunales mediante la Acción Popular y en  apoyo humanitario. Una labor que ha sido apoyada desde diversas instituciones públicas y en especial desde la Secretaría General de Migraciones, en  la Estrategia Integral contra el racismo, la xenofobia, las discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, que aprobó el Consejo de Ministros en 2011, y que muchas de cuyas medidas previstas están siendo ejecutadas por este gobierno, y entre ellas se señalaba: “El papel de las ONGs, trabajando con los gobiernos para mejorar la legislación,  monitorizar y denunciar incidentes racistas y xenófobos,  actuar como portavoces de las víctimas de delitos de odio”.

El acto de presentación ha contado con el apoyo expreso de las Instituciones representadas  por Marina del Corral, secretaria general de Migraciones, y Elvira Tejada, fiscal de Sala del Supremo para Delitos de Odio y por una amplia  Red de Apoyo al Consejo de Víctimas de delitos de Crímenes de Odio constituida por entidades como: Movimiento contra la Intolerancia; Asociación de Inmigrantes Senegaleses; Asociación de Refugiados e Inmigrantes (Perú): Red Europea contra los Crímenes de Odio; Unión Romaní; Federación de Comunidades Judías de España; Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia; Afrohispanos; Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales; Coordinadora Estatal VIH.SIDA; Fundación Triangulo; entre otras entidades que actualmente continúan sumándose.

(Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación)