Efectivamente, porque esta vez queremos comunicarles que desde la Asesoría Jurídica de la Unión Romani, hemos llevado un pleito contra el Ayuntamiento de Madrid y ¡hemos ganado!  El equipo de abogados de nuestra organización entendió que la persona denunciada por la Policía municipal de la capital de España lo había sido injustamente y no dudamos en acudir a la justicia. El caso fue tramitado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid.

Hasta aquí la noticia no tiene mayor importancia. Los abogados nos personamos cada día en las dependencias judiciales para pleitear en defensa de nuestros clientes o para denunciar a las personas o instituciones que actúan injustamente contra los mismos. Ese es nuestro trabajo y en consecuencia la mayoría de las veces ganamos (con perdón) y otras, la menos (con perdón otra vez) perdemos. En consecuencia, ¿qué tiene de particular este caso? Trataremos de explicarnos.

Hemos recurrido contra el Ayuntamiento de Madrid porque entendemos que las Ordenanzas Municipales de la mayoría de los ayuntamientos de España son injustas, abusivas y en el ámbito sancionador presentan un claro exponente de ser un mero recurso recaudador con que los alcaldes y concejales nutren las arcas municipales para la realización de sus proyectos.

Que la Autoridad ponga multas es algo asumido por la ciudadanía. Y que las ponga cuando tiene motivos para ponerlas, mal que nos duela, entendemos que es justo y necesario para garantizar el cumplimiento de las normas. Pero que haga un uso abusivo de la potestad sancionadora que le otorgan las leyes es algo que la ciudadanía no debe permitir y por lo tanto debe utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para combatir el ejercicio injustificado del poder.

Por otra parte, –y este es nuestro caso– cuando la denuncia viene impuesta por un agente de la policía municipal, con lo que tiene de intimidatorio que sea una persona vestida de uniforme quien acusa, amparado en el discutido principio de que las manifestaciones de los policías “gozan de veracidad”, la mayoría de los ciudadanos se avienen a pagar la sanción establecida en el convencimiento de que litigar contra el Ayuntamiento supone tener perdida la batalla desde el principio. A lo que hay que añadir la nueva obligación de pagar las Tasas Judiciales, que es el impuesto más lacerante establecido por el Gobierno para desanimar a la gente a que acuda a los tribunales. En resumen, que a veces el ciudadano se siente atracado por la autoridad no quedándole más remedio que pagar religiosamente si no quiere exponerse a padecer males mayores.

Entendemos, por lo tanto, que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid, dándonos la razón y condenando al Ayuntamiento de Madrid en su pretensión sancionadora, debe animar a todos los ciudadanos a recurrir ante los tribunales cuando crean, honestamente, que les asiste la razón.

Hoy, todos nosotros, hemos sentido un especial impulso de fe en la Justicia en unos momentos en que  nuestro país se siente más en las manos de jueces y tribunales que en las de los políticos que legítimamente nos representan. Lo dijo un día, con gran acierto, quien fue presidente del Tribunal Supremo: “Los lenguajes de la justicia son distintos a los lenguajes de la política”.

Juan de Dios Ramírez-Heredia

(Periodista y abogado; presidente de la Unión Romaní)