No es de extrañar que la Unión Romaní se haya puesto en pie contra la última edición del Diccionario de la lengua española porque en su quinta acepción de gitano se sirve del término “trapacero”. Trapacero, según la Real Academia Española (RAE), es una persona “que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto”.

Los gitanos españoles vuelven a ser víctimas de la discriminación racial a través de una definición completamente injustificada y fuera de lugar, que ataca frontalmente la identidad colectiva gitana. Como ha precisado Juan de Dios Ramírez-Heredia, presidente de Unión Romaní: “La RAE, con su nuevo Diccionario, ha dado una inyección de ánimo y vitalidad a todos los racistas de este país que ahora, como mal menor, seguirán llamándonos trapaceros”. Lo verdaderamente asombroso es que el reproche por el uso de esta acepción va inevitablemente dirigido a más de medio millar de expertos y miembros de las 22 instituciones en España, América y Filipinas que han participado en la 23ª edición del Diccionario, que duplica el número de palabras utilizadas desde el primer diccionario que data de 1780. El Diccionario se presenta en un solo volumen de 2.376 páginas, incluyendo 93.111 entradas (artículos, voces, vocablos, palabras) frente a las 88.431 de la edición anterior. Las entradas nuevas vienen a ser poco más de 5.000 por haberse dejado fuera del diccionario algunos vocablos.

“En el fondo estamos tranquilos porque por fin los sesudos académicos de la Real Academia de la Lengua han decidido equipararnos a los más conspicuos personajes de la vida pública española”, afirmaba irónicamente Ramírez-Heredia. Según el presidente de la Unión Romaní, “a los gitanos y gitanas de este país, hombres y mujeres que llevamos años luchando por sacudirnos la ignominia del analfabetismo, la esclavitud que supone tener el mayor índice de paro de toda España, y de padecer los mayores grados de exclusión social, sí hay desvergüenza académica para llamarnos trapaceros”.

Cuando uno se pregunta por cómo se forman los prejuicios y cómo éstos nos alejan de los deseables juicios racionales necesarios para formar una correcta opinión pública no cabe duda de que definiciones institucionalizadas tan peyorativas y negativas como la que se acaba de hacer del término “gitano” en el Diccionario de la Real Academia Española contribuyen a alimentar los estereotipos de este colectivo tan dañado en su imagen durante siglos.

Haciendo un mal uso del lenguaje se alimentan los prejuicios contra los gitanos. Y alguien se preguntará ¿qué son los prejuicios? Como recordaba el insigne jurista italiano Norberto Bobbio, el prejuicio no es otra cosa que “una opinión o (…) un conjunto de opiniones, a veces también una doctrina, que es aceptada acrítica y pasivamente por la tradición, por la costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin discutirlo”. Muy probablemente esta errónea acepción de “trapacero” defendida para definir “gitano” obedezca a la asunción de hondos prejuicios que viven, consciente o inconscientemente, en lo más hondo de los ilustres autores del Diccionario.

Nos guste o no, la opinión pública se genera dentro de una sociedad en la que los prejuicios conviven con los juicios reflexivos, autónomos y racionales. John Locke insistió en que no hay que confundir los prejuicios o ideas preconcebidas, de las que hay que liberarse, siguiendo a Ortega, con las opiniones erróneas, aunque creo que es inevitable que ambas convivan dentro de un mismo escenario.

Tenemos que ser conscientes de que se puede construir una opinión pública equivocada aun siendo inmejorables las condiciones de libertad, racionalidad y publicidad puesto que lo que la caracteriza como opinión pública no es, a mi modo de ver, su grado de infalibilidad y certeza sino que haya sido elaborada a partir de una discusión libre, transparente y racional en la que los sujetos participantes estén en pie de igualdad. Conforme a nuestro Tribunal Constitucional español, la opinión pública, o es opinión pública libre, por estar vinculada a ciertas condiciones de libertad y de pluralismo político, o, sencillamente, no es opinión pública.

Tenemos que intentar entre todos combatir los prejuicios reinantes contra los gitanos desde las poderosas armas que nos brinda el Estado de Derecho y por ello no podemos callarnos ni permanecer pasivos cuando se atenta contra la dignidad del pueblo gitano. Tengamos en cuenta que España constituye el país de la Unión Europea con mayor número de población gitana, representando alrededor del 8 % de todos los gitanos europeos. La población gitana en España creció con la llegada de personas romaníes procedentes principalmente de Rumanía y Bulgaria que, sobre todo desde el año 2002 (cuando se eliminó el requisito de visado para estos dos países) y posteriormente desde 2007 (cuando sus países de origen se adhirieron a la UE), eligieron España como país de destino.

Ahora bien, a pesar de ser la minoría étnica más importante en España y de llevar casi seis siglos de historia en el país, los gitanos son un grupo cultural que sigue sufriendo graves injusticias y atropellos, además de ser el colectivo más rechazado en la sociedad española y uno de los más excluidos tanto social como económicamente. Como ha sostenido la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020: “La persistencia de prejuicios negativos hacia las personas gitanas en parte de la población española provoca que la población gitana siga siendo uno de los grupos hacia los que mayor rechazo social existe”. Es cierto que en los últimos años se han realizado varias campañas de sensibilización que han tenido efectos positivos, pero los comportamientos y prácticas discriminatorias continúan en la sociedad española, siendo éste uno de los principales factores que dificultan la inclusión social real y plena de la comunidad gitana.

(Artículo publicado en El Imparcial)