Las víctimas de las esterilizaciones ilegales podrían recibir compensaciones de hasta 300.000 coronas checas (10.000 euros) durante los próximos años.

Ese es el contenido de un proyecto de ley que prevé su compensación. El Ministro de Derechos Humanos Checo, Jiří Dienstbier (Partido Socialdemócrata Checo - ČSSD) y la directora de la Sección de Derechos Humanos, Martina Štěpánková, anunciaron los detalles recientemente.

Štěpánková afirmó que varios cientos de personas podrían optar a la compensación: “La elegibilidad se determina según si realmente habían dado consentimiento informado a la operación. En muchos casos se firmó un formulario de consentimiento, pero después de la operación o incluso mientras se realizaba el preoperatorio. La esterilización no se considera una intervención para salvar vidas. También hay casos en los que se realizó durante un parto por cesárea o inmediatamente después de este, etc.”.

Todas las víctimas reconocidas recibirían 300.000 coronas checas. En 2004, el European Roma Rights Centre anunció sus sospechas de que las mujeres estaban siendo esterilizadas a la fuerza en la República Checa, sobre todo las mujeres gitanas.

Decenas de mujeres se quejaron ante el defensor del pueblo y otras también recurrieron a los tribunales. El Comité contra la Tortura del Gobierno checo propuso introducir una indemnización para ellas en 2006.

En 2009 el gabinete checo se disculpó por las cirugías ilegales. El Gobierno planeó originalmente tener un epígrafe preparado para compensar a las víctimas de las esterilizaciones ilegales en diciembre de 2014.

Según el plan actualizado, el ministro de Derechos Humanos lo presentará en abril de 2015. Se supone que la ley debe ser redactada a finales de 2015 para que pueda entrar en vigor a mediados de 2016.

Según las estimaciones del Comité contra la Tortura del Gobierno checo, hasta 1.000 mujeres podrían tener derecho a una indemnización. La cifra mínima de mujeres que podrían ser compensadas es de 59.

Esa es la cifra de casos que el Defensor envió previamente al Fiscal General del Estado para que tomara medidas, pero este los archivó alegando falta de pruebas. Según la legislación prevista, una comisión evaluará la admisibilidad de las solicitantes para poder recibir una indemnización.

Los registros médicos, entre otras pruebas, deben ser la base para determinar la elegibilidad. Sin embargo, en muchos casos no se dispone de estos registros.

A algunas víctimas se les ofreció una ayuda económica de hasta 10.000 coronas checas o algún electrodoméstico a cambio de someterse a la operación. “Consideramos que la conducta del Estado en ese momento fue amoral y censurable. Todo esto formó parte de la política social, la decisión no fue tomada en exclusiva por los servicios sanitarios”, afirmó Štěpánková.

Las personas que voluntariamente se sometieron a la esterilización después de que se otorgaran esos beneficios no podrán optar a la indemnización. Varias mujeres rromà del Grupo de Mujeres Afectadas por la Esterilización Forzada le confesaron recientemente a la agencia de noticias checa que firmaron el consentimiento a las operaciones bajo coacción.

Las mujeres también dijeron que no tenían ni idea de a qué tipo de cirugía se estaban sometiendo. A muchas también se les dijo que se trataba de una medida temporal.

Irena Faková, una residente de la urbanización Chanov en Most, dijo que los trabajadores sociales la obligaron a someterse a la esterilización hace 27 años, y que fueron a visitarla a su casa cuando salió de la sala de maternidad. Amenazaron con llevarse a sus hijos a centros del estado si no regresaba inmediatamente al hospital. Volvió. Después de someterse a la cirugía, el estado le pagó 5.000 coronas.

El Ministro Dienstbier afirma que la ley cubrirá más casos y no sólo los de las mujeres rromà. Los activistas señalaron anteriormente que las personas con discapacidad también se habían convertido en víctimas de esterilizaciones ilegales.

El Consejo de Derechos Humanos del Gobierno checo recomendó en 2007 por primera vez que las víctimas de esterilizaciones ilegales fueran compensadas. Posteriormente le hizo una segunda recomendación, a principios de 2012, al gabinete del ex primer ministro Petr Necas (Partido Democrático Cívico - ODS), pero su gobierno cayó antes de poder revisar la propuesta.

(CTK- Romea)