El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aumenta en un un 146% el importe del Plan de Desarrollo Gitano

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FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, han presentado las partidas de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a sus departamentos.

Estos Presupuestos están centrados en reforzar el Estado del Bienestar, la recuperación de derechos sociales en Sanidad y Dependencia y el aumento de recursos contra la pobreza infantil.

La ministra de Sanidad ha destacado que solo con las nuevas medidas destinadas a eliminar copagos en colectivos vulnerables, el incremento de fondos para la Dependencia (el mayor desde que se puso en marcha) y las iniciativas para combatir la pobreza infantil se beneficiarán directamente unos 10 millones de españoles. 

“Son unas cuentas que reflejan el papel de liderazgo y compromiso del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la equidad y la cohesión social en las políticas sanitarias y sociales”, ha subrayado María Luisa Carcedo. “Los Presupuestos reflejan con claridad la prioridad que supone para este Gobierno la protección de la infancia así como garantizar el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes”, ha añadido Pau Marí-Klose.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para 2019 alcanza los 3.133,56 millones de euros repartidos en 2.716,49 millones para Servicios Sociales (un 41% más); 364,87 millones de euros para Sanidad y Consumo; y 52,19 millones para servicios generales.

Dependencia

La ministra de Sanidad ha destacado el elevado incremento que registran las cuentas en la financiación de la Dependencia para 2019,  el más alto desde que se creó el Sistema de Dependencia, frente a los recortes que ha sufrido el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en los últimos años como consecuencia del Real Decreto 20/2012.

Este pilar del Estado del Bienestar contará en 2019 con un aumento de 831 millones de euros, hasta alcanzar un presupuesto global en Dependencia de 2.231 millones de euros.

Aumenta la aportación al nivel mínimo (los fondos que destina el Estado por cada beneficiario a las Comunidades Autónomas) en 415 millones de euros, un 31,7% más. Además, se vuelve a financiar el nivel acordado con 100 millones de euros, una vía de financiación del sistema a las Comunidades Autónomas que se fijó en el artículo 10 de la Ley 39/2006 para mantenerse hasta el año 2015 y que se eliminó en 2012.

“Con este importante esfuerzo presupuestario se podrá rebajar en torno al 75% la lista de espera de los casos más graves, los dependientes de grado III y grado II, en torno a 75.000 personas”, ha indicado la ministra de Sanidad. 

El incremento presupuestario, además de atender al crecimiento de beneficiarios, permitirán la financiación de una nueva prestación de teleasistencia avanzada.  Se trata de tecnologías que permiten una supervisión remota del usuario de forma que, además de ofrecer asistencia, también permite conocer los patrones de vida de la persona, con lo cual se prevén posibles situaciones de necesidad.

A ello hay que sumar la asunción por parte de los Presupuestos del Estado de la cotización de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, para lo que se ha incorporado una partida de 315 millones de euros.  Esta prestación se eliminó en 2012 y se estima que su recuperación se traduciría en unas 180.000 beneficiarias (en su mayor parte se trata de mujeres).

Copagos

Los Presupuestos de 2019 dan el primer paso en la eliminación de los copagos farmacéuticos introducidos en el Real Decreto 16/2012 al incluir medidas dirigidas a distintos colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Se eliminan los copagos a los pensionistas que no estén obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y perciban una renta anual de 11.200 euros y, en el caso de realizar la declaración, aquellos con renta inferior a 5.635 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del IRPF.

Por otro lado, también dejarán de abonar el copago las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

En ambos casos (pensionistas y perceptores de la prestación de la Seguridad Social), la eliminación de los copagos será efectiva para estas personas y quienes tengan a su cargo.

Esta medida tendrá un impacto estimado de 7,8 millones de beneficiarios, entre los pensionistas que ya no tendrán que pagar por sus medicamentos (unos 5,3 millones) y las personas con menores a cargo (unos 2,5 millones).

María Luisa Carcedo ha destacado el impacto  que tuvo en 2012 la introducción de copagos farmacéuticos en colectivos que hasta entonces no tenían que abonar dinero para acceder a los medicamentos y cómo se convirtieron en un obstáculo para seguir sus tratamientos.

“Como nos indica el Barómetro Sanitario del CIS, en torno a 2,1 millones de personas tienen dificultades para retirar sus medicamentos; y, debido a esta medida, la adherencia a los tratamientos empeoró, según muestra un estudio de Sespas”, ha indicado.

Además, los Presupuestos contemplan una modificación normativa destinada a cerrar la puerta al establecimiento de los nuevos copagos que introdujo RD 16/2012 en la cartera suplementaria. En concreto, se suprime el articulado que hace referencia a que el copago de las prestaciones incluidas se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica.

De esta forma, el transporte sanitario no urgente pasa a formar parte de la cartera común, los productos dietéticos se quedan en la suplementaria y se mantienen sin aportación, y los productos orto-protésicos mantienen el copago que tenían en 2006.

Infancia

Las cuentas públicas incluyen un aumento de 266 millones en los fondos para la protección de las familias destinados fundamentalmente para combatir la pobreza infantil.

Los Presupuestos incorporan un incremento en la prestación por hijo a cargo: los PGE suponen el despliegue gradual del Ingreso Mínimo Vital, que eleva su cuantía en un 17% con carácter general (de 291 euros a 341 euros por hijo/menor a cargo, para unos 1.263.000 menores sin discapacidad), y en un 101% para aquellos niños y niñas que se encuentren en situación de pobreza severa (hasta 700.000 menores, que pasarían a percibir 588 euros). Con esta medida el Gobierno pretende reducir la pobreza infantil severa en nuestro país en un 12%, lo que afectaría aproximadamente a 82.000 niños y niñas.

Los Presupuestos Generales del Estado también contemplan el incremento del presupuesto para el plan concertado de Servicios Sociales, con un aumento de 25 millones de euros en ayudas para comedor para familias en riesgo de exclusión social dentro de la Partida para Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil de dicho plan. Un incremento que permitirá, entre otras cosas, financiar programas de actuación como el Programa VECA de ocio inclusivo vacacional y que garantiza una alimentación adecuada, completa y equilibrada durante el periodo estival para aquellos menores en riesgo de exclusión.

Otras medidas: Sanidad y Consumo

Los Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) incluyen una partida de 22 millones de euros que se destinarán a inversiones en infraestructuras y mejora de la prestación en Ceuta y Melilla.

Destacan en este apartado los 18,3 millones de euros para la dirección facultativa y las obras del nuevo Hospital Universitario de Melilla y los 2,6 millones para la dirección facultativa y el inicio de ejecución de obras de la reforma y ampliación del Centro de Salud El Tarajal en Ceuta.

Además, se incluyen 4 millones de euros para la mejora de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellos, destaca el impulso de la interoperabilidad del SNS, un proyecto que coordina el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, formado por la receta electrónica y la historia clínica digital, que sigue avanzando no solo en el ámbito nacional, sino europeo.

También se ha incrementado en un millón de euros la partida destinada a los planes de prevención y control del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual.

Otras medidas: Bienestar Social

El Presupuesto de 2019 incorpora un incremento del presupuesto del Instituto de la Juventud (Injuve) de un 27,6%. Las cuentas del Injuve destinan 9 millones de euros al programa del Cuerpo europeo de la Solidaridad y el Plan de Choque por el empleo Joven 2019-2022.

Las cuentas públicas también cuentan con una partida para ayudas a los afectados por la Talidomida. Estas ayudas se destinarán a compensar y superar las situaciones de discapacidad que sufran los afectados.

El presupuesto cuenta con una partida específica para la atención a menores extranjeros no acompañados. Se trata de una nueva línea de ayudas de 30 millones de euros, que podría ampliarse en caso de necesidad. Esta cantidad es superior a la que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social destinó el año pasado para el fondo extraordinario que se habilitó con recursos de distintos departamentos (entre ellos el Fondo de Contingencia) y que se distribuyó entre las comunidades autónomas para este mismo fin, que fue de 16 millones de euros.

El Plan de Desarrollo Gitano crece en 600.000 euros (un 146%). Este programa está integrado por créditos que van destinados a reforzar los servicios sociales de atención primaria para atender al colectivo específico de personas gitanas. Se desarrollarán proyectos de intervención social de carácter integral con las comunidades gitanas más desfavorecidas.

Además, el Real Patronato sobre Discapacidad contará con 4 millones de euros para desarrollar programas de mejora de condiciones educativas para las personas con discapacidad procedentes de depósitos bancarios abandonados.