Esta vez sí. El Gallinero, el asentamiento más mísero de la capital en donde malviven en precarias condiciones desde hace unos dieciséis años gitanos de Rumania, está en plena cuenta atrás. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, prevé que desaparezca este mismo año, tras dar la solución más adecuada a cada familia. El censo de la población que se va a realojar ya está cerrado y lo conforman 35 familias integradas por un total de 150 personas de las que la mayoría, 79, son menores.
Todas ellas tendrán una solución habitacional, salvo en caso de que realicen alguna actividad ilícita, hayan llegado después del recuento, no trabajen ni estén inmersas en un itinerario sociolaboral o no quieran ser realojados. Así lo han afirmado fuentes de la concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Esta vez parece que el proyecto va en serio, ya que además del censo, de que un trabajador social haya entrevistado a todas las familias para analizar sus perfiles, así como de la labor constante de los mediadores sociales de distintas ONG como Cruz Roja o la Asociación Barró, que llevan tiempo trabajando en la zona con esta población, se está a la espera de la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid. Su objeto será proceder al realojo de las personas del poblado que se ha visto reducido. En ese acuerdo a dos bandas se contemplará la mejor solución habitacional para cada uno de los núcleos familiares. El plan estará sufragado al 50 por ciento por ambas administraciones: gobierno local y regional. Hasta que no se ultime y se produzca la rúbrica no se adelantará el coste de la operación ni el destino final de los moradores, precisó Luis Nogués, director de Integración Comunitaria y Emergencia Social del área de Equidad.
Lo que sí está claro es que habrá tres alternativas residenciales, todas ellas de segunda mano: viviendas sociales, pisos y apartamentos tutelados para las personas mayores. La primera solución estará destinada a un tercio de las 35 familias que se beneficiarán de este plan, quienes podrán pasar directamente a una casa del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima). En estos casos los beneficiarios serían personas con ingresos derivados de su actividad laboral o renta mínima de inserción con capacidad para vivir de manera independiente.
Dos familias corrieron esa suerte el año pasado. Por contra, los que no pueden vivir de forma autónoma por falta de recursos económicos y/o de adaptación, la mayoría, irán a un piso tutelado; es decir, contarán con la ayuda necesaria para residir en comunidad. Estas viviendas serán de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) o cedidas y contarán con personal de apoyo de diversas entidades, indicó Nogués.
Los recursos económicos de los habitantes de este asentamiento proceden, además de la renta mínima, de empleos como mediadores gitanos en el propio Gallinero, en otros núcleos de población rumana en la capital, colegios o de apoyo al Samur Social. Otros son mozos de almacén, albañiles o realizan trabajos relacionados con la construcción con contratos precarios o están directamente en la economía sumergida. Ante el problema de los ingresos irregulares, Luis Nogués destaca que hay un trabajo paralelo a este plan en el que se está fomentando la formación con ONGs, renta mínima y servicios sociales.
