La situación que padecen miles de familias de la Cañada Real de Madrid en estos momentos solo puede ser calificada de dos formas: dramática y escandalosa.
Es dramática porque dichas familias, entre las que se encuentran alrededor de 1.800 menores de edad, no tienen acceso a luz eléctrica desde hace tres meses, y están sufriendo los estragos del duro invierno que estamos atravesando, con el agravante de las consecuencias provocadas por la borrasca “Filomena”, el peor fenómeno meteorológico que ha sufrido nuestro país desde 1971.
Y es escandalosa porque la inacción de las administraciones directamente competentes en materia de protección de estas familias, en riesgo de exclusión social, solo puede tildarse de esta manera.
Las recientes palabras sobre la situación de estas personas, emitidas por el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Oliver De Schutter, no pueden ser más elocuentes, ya que considera que dejar a estas personas sin protección alguna es una “violación de convenios que España ha ratificado”.
No es la primera vez que un relator de Naciones Unidas se refiere al estado de los núcleos familiares residentes en esa zona, muchos de ellos formados por personas de etnia gitana y migrantes. Philip Alston, su antecesor, visitó el lugar a finales del año 2019, y en su informe emitido en febrero de 2020 no pudo ser más contundente a la hora de denunciar la ausencia de políticas sociales por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, y la desidia con la que las autoridades competentes afrontan el problema.
Alston, que llegó a comparar la Cañada Real con el estado de muchos campos de refugiados, reclamó la puesta en marcha de medidas concretas y urgentes para paliar las grandes y profundas carencias que sufren, en todo ámbito, las personas que viven allí.
«Una gravísima violación de sus derechos humanos»
Un año después la situación no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado de manera notable. A las consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19, que han golpeado con suma dureza a los grupos sociales más vulnerables, entre los que se encuentran el Pueblo Gitano y las personas migrantes; hay que añadir, en el caso concreto de la Cañada Real, la pérdida de suministro eléctrico hace tres meses. La imposibilidad de acceder a este servicio básico por parte de cientos y cientos de familias en grave situación de exclusión no es ni más ni menos que una gravísima violación de sus derechos humanos, y requiere de una actuación inmediata por parte de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, la respuesta oficial de las administraciones ha consistido en ignorar el problema al principio, y en criminalizar a todas las personas que residen en ese espacio después, ante la creciente oleada de reclamaciones de ayuda por parte de diferentes organismos nacionales e internacionales.
Generalizar actitudes irrespetuosas con la ley o algunas prácticas delictivas hacia todo un colectivo o grupo social es una manera lamentable de evadir las propias responsabilidades, máxime ante las enormes dificultades económicas y sociales que vivimos en estos tiempos de pandemia, agravadas por las inclemencias meteorológicas.
Que sobre los delincuentes caiga todo el peso de la ley, pero que todo el poder de protección del Estado caiga sobre las personas honradas y trabajadoras que sufren un mal del que no son culpables: la pobreza.
Es necesario resaltar que tanto Philip Alston como por Olivier De Schutter, al hilo de lo que se está viviendo en la Cañada Real, han hecho hincapié en la necesidad de que se pongan en marcha políticas concretas y muy contundentes destinadas a facilitar la inclusión de la población gitana en España.
Medidas que sirvan para facilitar, entre otras cuestiones, una vivienda digna a esas familias que, en pleno siglo XXI, y en una de las más grandes capitales de Europa, se ven obligadas a vivir en unas condiciones inhumanas e indignas de un país democrático y avanzado como España. No olvidemos las cifras: cientos de familias y más de 1.800 niños y niñas que viven sin luz a temperaturas gélidas en estos momentos. No asistimos a un caso de aporofobia. Lo que estamos viendo es fruto de discriminación institucional, ya que no es casualidad que en todos los grandes guetos de las urbes más importantes la mayoría de sus habitantes sean población gitana y población migrante.
Esta precariedad, que es una consecuencia más de la discriminación secular que en concreto ha sufrido y sufre la población gitana en nuestro país, debe ser combatida desde todos los poderes del Estado, implicando de manera efectiva a toda la sociedad. Entre todos y todas debemos tener muy claro que el antigitanismo, la cara de la intolerancia que discrimina a las personas por el mero hecho de ser gitanos y gitanas, es un problema social de primera magnitud que se ve reflejado, y además con meridiana claridad, en espacios como la Cañada Real.
«Asentar el antigitanismo y el rechazo a la pobreza»
Mirar hacia otro lado o justificar la inacción apelando a una criminalidad generalizada de todo un vecindario o de un grupo social es, sin lugar a dudas, participar de manera activa en difundir y asentar el antigitanismo y el rechazo a la pobreza en nuestra sociedad. Una democracia desarrollada no puede permitirse el lujo de tener ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría por razón de su poder adquisitivo. No es de justicia.
Ignorar los problemas no hará que estos desaparezcan, más bien al contrario. Estos crecerán hasta hacerse prácticamente irresolubles. Nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de un Estado de Derecho que se precie de serlo, como el nuestro, es rechazar esas actitudes discriminatorias y exigir de los gobernantes competentes acciones para permitir que estas familias vivan con dignidad, tengan esperanza, se sientan protegidas por el sistema, se sientan parte de nuestra sociedad, y puedan ofrecer a sus hijos e hijas un futuro mejor.
Las instituciones y la sociedad en general no pueden pretender tapar el sol con un dedo. La criminalización de la pobreza es una salida vergonzosa que debe terminar. El combate contra la delincuencia y la pobreza no puede traducirse en una lucha contra las personas. Más bien al contrario, hay que promover el ejercicio de sus derechos, recuperando los espacios en los que viven, y haciéndoles partícipes de la toma de decisiones que les afectan para que se sientan vinculadas y protegidas por las instituciones.
La estigmatización, exclusión y marginación que provoca la criminalización de la pobreza solo ahonda la brecha de desigualdad entre las personas, rompe los lazos de identificación social entre ellas, y cada vez nos hace más insensibles, divididas y vulnerables a los abusos del poder.
En este contexto se convierte en necesario, más que nunca, recordar las palabras de Rosa Luxemburgo, quien recogía la esencia del espíritu crítico y transformador que debe impregnar las conciencias de todos quienes perseguimos, de manera insaciable, la defensa y promoción de los derechos humanos. Ese brío que nos impulse a seguir luchando continuamente por superar todos los obstáculos:
“A la revolución social le hace falta el torrente de vida efervescente y sin límites para encontrar las mil nuevas formas, improvisaciones, fuerzas creadoras y críticas provechosas que se necesita para, a fin de cuentas, superarse continuamente a sí misma y corregir todos sus falsos pasos”.
Beatriz Carrillo de los Reyes es diputada socialista por la provincia de Sevilla en el Congreso, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FAKALI, y vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
