La Asociación de Juristas Gitanos ha expresado su “entera satisfacción” por el fallo del Tribunal Constitucional, de forma unánime, a favor de su solicitud de amparo para la familia de Daniel Jiménez, el joven gitano que falleció en la comisaría de Algeciras el 1 de junio de 2020. Después de tres años, el Alto Tribunal ha aceptado la petición de amparo a la vez que anula las decisiones del juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial de Cádiz y ordena reabrir la investigación del caso.
Daniel murió en su celda en circunstancias que nunca fueron aclaradas, ya que murió solo unas horas después de hablar con su padre por teléfono para informarle que sería puesto en libertad a la mañana siguiente. Según la versión policial, Daniel se suicidó en su celda. La jueza de instrucción, por su lado, ordenó el archivo de la causa sin mediar investigación alguna. En concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una muerte bajo custodia policial “es siempre una anomalía que debe investigarse con mayor rigor por parte de los jueces, hasta agotar todos los medios de prueba razonables, más aún teniendo en cuenta que la comisaría de Algeciras incumplía las exigencias de la Secretaría de Estado”.
La Asociación de Juristas Gitanos es una organización sin ánimo de lucro fundada por jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad de Alicante (donde mantiene su sede social), que no cuenta con financiación pública y se sostiene exclusivamente con fondos propios y gracias al trabajo voluntario de sus asociados y colaboradores, como es el caso de los tres letrados gitanos que han colaborado en esta causa: Manuel Reyes, Teresa Heredia y Luis Mendoza.
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