La Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la relación de las 20 asociaciones gitanas que integrarán el Consejo durante los próximos cuatro años, hasta el año 2026.
El Consejo está formado por 40 vocales de los que 20 ostentan cargos de gran relevancia en el Gobierno de España, y los otros 20 lo integran las asociaciones en representación del movimiento asociativo gitano.
Es obvio resaltar la gran importancia que tiene este Consejo cuya primera función debería ser modificar su estructura y modernizar los contenidos y funciones del mismo.
Los gitanos y gitanas españoles deben tener un mayor conocimiento de lo que representa este Consejo. Al fin y al cabo, sus integrantes pueden y deben ofrecer alternativas al Gobierno de la nación para afrontar las acciones políticas más necesarias que mejoren nuestras condiciones de vida. Pero, al mismo tiempo, el Consejo debe velar para que los poderes fácticos no abusen de sus atribuciones violentando los derechos fundamentales que como ciudadanos españoles nos corresponden.
Desde aquí emplazamos a las organizaciones elegidas a que diseñen un programa sencillo pero eficaz que lleve a los barrios y a las familias gitanas el conocimiento de su existencia.
Y no lo olviden, un Consejo verdaderamente representativo de los gitanos y gitanas españoles tiene que ser, por su propia naturaleza, al mismo tiempo colaborador y exigente con el Gobierno de la nación. Debe ofrecer a las autoridades toda la colaboración que necesiten, pero, al mismo tiempo, no deben permitir ni el más mínimo abuso cuando, llevados por su inmenso poder, pudieran ignorar nuestros derechos fundamentales.
Hoy por hoy el Consejo Estatal del Pueblo Gitano debe ser nuestro escudo protector.
