Hoy es un día importante en la historia democrática de este país. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática, con la que se reconoce y se repara a las víctimas de la discriminación la discriminación, el odio y el olvido, bajo los designios de ideologías totalitarias apartadas de cualquier atisbo de respeto y humanidad. Entre ellas las gitanas, presentes al fin en una iniciativa legislativa pionera en este país con la que se da cumplida cuenta de algunas de las demandas históricas del Pueblo Gitano.
Como representante referente del movimiento asociativo gitano en España, FAKALI quiere transmitir su más sincera satisfacción por que esta Ley de Memoria Democrática haga de una vez justicia con los miles de víctimas gitanas, también olvidadas, durante la Guerra Civil y la dictadura, poniendo además en valor desde la perspectiva de Estado su historia y su cultura, sin duda trascendentes en la conformación sociocultural de lo que hoy es España.
Un justo propósito materializado, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Carmen Calvo, en la creación de una Comisión Estatal de la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España que tendrá como principal cometido elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.
Damnificado, perseguido y represaliado también por un orden político dictatorial que no entendía las libertades y el desarrollo íntegro de las personas, con independencia de su origen étnico. Ser gitano era ya considerado un delito.
Igualmente, como mujeres, gitanas y universitarias, desde FAKALI nos congratulamos de que esta ley incorpore la perspectiva de género, adoptando las medidas necesarias para «reparar las formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufrida por las mujeres» en la Guerra Civil y el franquismo, sea por su actividad pública o «como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados». Sin duda, un desagravio en favor también de la defensa de los derechos humanos.
