Media docena de familias de etnia gitana se resisten a abandonar un poblado en el que fueron alojados hace un cuarto de siglo y están dispuestas a seguir viviendo en condiciones insalubres hasta que las instituciones o, en su defecto, los tribunales decidan si merecen una compensación justa por tener que dejar sus chabolas.
La historia está ocurriendo en Alday, en el municipio cántabro de Camargo (Cantabria), y el último episodio se arrastra desde hace cuatro años en los que el Ayuntamiento que preside la socialista Esther Bolado aprobó un plan para erradicar el chabolismo consistente en financiar temporalmente el realojo en alquiler de estas familias que se dedican a la recogida de chatarra. Cuatro años después, el poblado sigue en su sitio ya que la cuarentena de personas que viven en condiciones tercermundistas prefieren quedarse donde están que marcharse con unas ayudas que no les garantizan más que un alquiler temporal.
José Alfredo Vargas, presidente de la Plataforma Romanés y uno de los representantes más destacados de la comunidad gitana en Cantabria, ha anunciado que está dispuesto a acudir a los tribunales para defender una compensación justa, al tiempo que ha expresado su indignación porque desde el Ayuntamiento se les indique oficiosamente a los pobladores que «hasta que no nos muramos aquí vamos a permanecer». «Eso es intolerable», ha comentado Vargas al respecto.
Hace 25 años el entonces alcalde Ángel Duque aplicó un plan de realojos a las familias que ocupaba un poblado en Ría del Carmen. El Ayuntamiento quería construir entonces un parque en el lugar y realojó a parte de las familias en pisos (urbanización Buenos Aires) y a otra parte, de forma provisional, en el poblado de Alday hasta que se les encontraron ubicación definitiva en viviendas. Este es el pacto que 25 años después la comunidad gitana quiere hacer valer y defender en el juzgado si hace falta.
Para Vargas, el plan de la ahora alcaldesa supone «un engaño» que busca vaciar el poblado sin la contraprestación prometida. La alcaldesa, por su parte, ya ha dicho en reiteradas ocasiones que en ningún caso va a ofrecer una vivienda en propiedad, entre otras cosas porque los chabolistas tienen ingresos económicos derivados de su actividad como chatarreros.
«Hay un antigitanismo con odio, intolerancia y racismo que ejerce la alcaldesa y su equipo de gobierno con abuso de poder sobre ciudadanos que viven toda la vida ahí», ha declarado el presidente de la Plataforma Romanés. Desde esta plataforma se pide al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria «un plan de realojo digno» porque «es insostenible la convivencia en este lugar».
Pero quedan seis familias que han de vivir en condiciones infrahumanas, con cucarachas «y ratas como burros saltando por encima de la gente». «La intención manifestada -insiste Vargas- es que los gitanos se mueran».
Cuando se construyó el poblado de Alday ni siquiera las chabolas prefabricadas eran nuevas. Se trataba de material prefabricado procedente de Madrid, de unos acuerdos que alcanzó el Consistorio con el entonces Ministerio de Obras Públicas. Hoy presentan un estado de abandono que todos, el único punto en el que hay acuerdo, consideran insostenible.
