Proclamado por el Consejo de Europa con el apoyo de la Comisión Europea el 6 de diciembre de 2001, Año Internacional de las Lenguas, nuestro continente celebra la diversidad lingüística y promueve el plurilingüismo para lograr una mayor comprensión intercultural como elemento clave de la rica herencia cultural de nuestro continente. Ochocientos millones de ciudadanos se comunican en más de doscientas lenguas propias entre oficiales, regionales y minoritarias.
La lengua romaní, punto de referencia, tierra de su origen remoto y patria de no menos de once millones de ciudadanos gitanos que constituyen una comunidad transnacional de base multiestatal, asentada en Europa desde hace mil años, que habita en 45 de los 47 Estados europeos (Malta e Islandia son la excepción), sigue ausente un año más de esta celebración.
De lo continental europeo a lo internacional-universal y a lo nacional concreto, el artículo 27 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, signado por España en 1976, señala que no podrá negarse a las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas el derecho a tener su propia vida cultural, profesar su religión y practicar su propio idioma; y el Preámbulo de la Constitución Española, concordada con los convenios de Naciones Unidas, consagra que “La Nación Española (…) proclama su voluntad de (…) proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. Pero nuestra ley de leyes no reconoce más idiomas que los adscritos a las comunidades nacionales con territorialidad concreta. La propuesta que nuestra Asociación hizo a los padres de la Patria en el periodo constituyente para que se excepcionara la lengua gitana del referido principio de territorialidad, se quedó en el limbo de las buenas intenciones.
El daño se hizo entonces, y aún siguen operando sus consecuencias, pero no es irreversible. Cuarenta años después de aquella discriminación constitucional excluyente, la perspectiva-oportunidad de que se introduzcan reformas en el texto constitucional pudiera ser la ocasión de que se enmiende el yerro omisivo.
