“Pleitos tengas y los ganes”. La maldición gitana no parece una sentencia sin fundamento. En España, la justicia se mantiene como la institución peor valorada por los ciudadanos, en contraste con la mayoría de servicios públicos que, por lo general, han mejorado su imagen en los últimos años, según las encuestas del CIS.
Y no es solo que los ciudadanos se muestren insatisfechos con el funcionamiento de los tribunales sino que la propia institución obtiene en los sondeos un suspenso claro en el capítulo de confianza. Como si los españoles apreciaran en negativo los atributos de la justicia: ciega e independiente. Los datos lo dejan muy claro: mientras solo uno de cada cinco ciudadanos juzga satisfactorio el funcionamiento de la administración de justicia, más del 60% (seis de cada diez) lo ven claramente insatisfactorio.
Ahora bien, existe un capítulo muy relacionado con la justicia que, no obstante, ha exhibido una evolución bien distinta: la seguridad ciudadana. Actualmente, casi un 60% de los ciudadanos se muestran satisfechos de su funcionamiento frente a menos de un 28% que emiten un juicio crítico. Ciertamente, también este capítulo ha vivido momentos de zozobra colectiva, ya que se trata de un ámbito muy sensible a las influencias de coyuntura.
En definitiva, la justicia sale derrotada en cualquier comparación con otros servicios o instituciones públicas: el transporte, las comunicaciones, los servicios.
Una constatación que debería estar presente a la hora de afrontar la inaplazable renovación del Poder Judicial.
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