El recurso de apelación interpuesto por parte de la Asociación de Juristas Gitanos y el Ministerio Fiscal tras el sobreseimiento de la denuncia contra Eduardo García Serrano ha sido admitido por la Audiencia Provincial de Madrid y se ha ordenado, a su vez, la apertura de una investigación que permita verificar la difusión y entidad de las manifestaciones vertidas por el periodista contra el Pueblo Gitano y determinar si constituyen efectivamente un delito de odio.
Los hechos denunciados se remontan al 30 de julio de 2020, en el marco del acto institucional de conmemoración del Samudaripén, el genocidio nazi que se cobró la vida de más de un millón de romaníes, y la Gran Redada, que fue el primer intento de exterminio de los gitanos en España.
Eduardo García Serrano, al ser preguntado sobre si se debería pedir perdón al Pueblo Gitano por la persecución institucional sufrida durante siglos, dijo:
Deberían ser los gitanos quienes pidieran perdón por crear un estado tribal dentro de un Estado moderno.
En relación a este evento, García Serrano, quien participaba como contertulio en el programa televisivo “El Gato al Agua”, de “El Toro TV”, profirió unas graves declaraciones contra los gitanos a quienes acusó de practicar un modo de vida al margen de la ley, presentándolos como una amenaza social que no debiera permitirse. Según el tertuliano, no debería pedirse perdón al Pueblo Gitano por la persecución institucional sufrida, sino que “deberían ser los gitanos quienes pidieran perdón” por haberles consentido “crear un estado tribal dentro de un Estado moderno”.
Con sus palabras el periodista no solo justifica tácitamente la barbarie contra los gitanos, sino que discrimina, menosprecia, humilla y criminaliza a todos los miembros de esta comunidad de forma gratuita y colectiva. El presunto agresor se sirve, además, de un medio de máxima audiencia para difundir una imagen del Pueblo Gitano estereotipada y prejuiciada que atenta contra la pacífica convivencia y la dignidad de cualquier persona perteneciente a esta minoría étnica.
Con sus palabras García Serrano discrimina, menosprecia, humilla y criminaliza a todos los miembros de la comunidad gitana de forma gratuita y colectiva
Juristas Gitanos
La Audiencia Provincial entiende ahora que tales declaraciones podrían constituir un delito de odio y ha ordenado su devolución al Juzgado de Instrucción para que inicie la investigación pertinente, dando así la razón a los argumentos presentados en apelación por el abogado cordobés de Juristas Gitanos, Marcos Santiago Cortés.
