Pues mire usted, sí. Todos buscamos en el texto de nuestra Carta Magna el fundamento que nos permita exigir ante los poderes públicos el cumplimiento de los compromisos legalmente contraídos. Y resulta que el texto del artículo 47 que con tanta ilusión redactamos y aprobamos quienes tuvimos el inmenso honor de elaborar la ley básica que debía regir nuestra convivencia en democracia, es del todo inoperante porque no cumple el requisito indispensable establecido en el artículo 53.3 de la C.E. que establece que sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, los contenidos del Capítulo Tercero que bajo el título “De los principios rectores de la política social y económica” incluye el artículo 47 que empieza enfáticamente su redactado diciendo “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Eso es lo que dice la Ley, y eso es lo que me ha motivado a escribir este comentario.
Cosa que me parece un momento ideal tras el revuelo formado en la opinión pública por la compra de la pareja formada por Pablo Iglesias e Irene Montero de un chalé en Galapagar. Una urbanización cercana a Madrid que, por lo que hemos visto y oído estos días, parece de alto standing. Por supuesto no entraré yo a criticar el legítimo deseo de cualquier pareja a vivir en una casa amplia, grande si así lo desean, y con todas las comodidades que puedan conseguir. Esa libertad está consagrada por el modelo de sociedad en el que vivimos opuesta a los postulados totalitarios de los regímenes que en nombre del pueblo al que dicen representar les niegan precisamente la libertad a sus ciudadanos. Si Pablo Iglesias e Irene Montero pueden hacer frente al pago de esa lujosa vivienda, adelante. Yo no les criticaré por eso porque presupongo que la pagarán con el dinero honradamente ganado por su trabajo. Y ni siquiera me apetece entrar en la crítica fácil de la falta de coherencia existente entre lo que algunos políticos defienden y lo que luego hacen. A veces esa disonancia es sumamente evidente, sobre todo si quienes la ejercen son personajes públicos de tanta popularidad como los líderes de los grandes partidos que actúan en la escena política española.
Sí me ha molestado la referencia que ha hecho Juan Carlos Monedero a quienes, por causa de su marginación, o por su peculiar forma de vida, han vivido largos años de su existencia a salto de mata. Tal es nuestro caso, el de los gitanos. Dice el señor Monedero en la defensa que realiza de Pablo e Irene que quienes les critican lo hacen porque esos “malditos rojos no viven debajo de un puente”. Yo pienso que ni los rojos ni los azules, sean gitanos o no lo sean, tienen por qué vivir debajo de un puente. Antes, al contrario, si el artículo 47 de la C.E. fuera un mandato imperativo a los poderes públicos, nadie tendría que vivir en una chabola instalada en un suburbio carente de cualquier muestra de bienestar y mucho menos debajo de un puente donde durante siglos muchas familias gitanas, nómadas por obligación, se han visto obligadas a refugiarse.
El derecho universal a una vivienda digna
Hace muchos años ya, cuando siendo un joven soñador dejé mi pueblo querido, Puerto Real, en la costa gaditana, me alejé de un escenario de pobreza extrema en el que discurrió mi infancia. En una habitación de unos doce metros cuadrados dormíamos seis personas. Había una sola cama en la que se acostaba mi madre y tres de mis hermanos. Alguno de ellos con la cabeza situada a los pies de los demás. Y en el suelo, sobre dos colchones polvorientos porque estaban rellenos con las hojas, ya secas, que envuelven las mazorcas de maíz, dormíamos el marido de mi madre y padre de dos de mis hermanos y yo. El colchón de “El Quico” ―este era el sobrenombre de mi padrastro― estaba situado en el suelo en paralelo a la cama. El mío al final del mueble con lo que mis pies quedaban siempre bajo el colchón donde dormía mi madre y el resto de mis hermanitos.
¡Qué lejos quedaba de nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 25.1 declara que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”! O el artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales que insiste en la garantía de que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vivienda adecuada. En mi infancia, en pleno franquismo, era impensable cualquier protesta para remediar tan lamentable estado de vida. Tuvieron que pasar muchos años para que la ciudadanía española tomara conciencia de que la conquista de la libertad y de los derechos que otorga vivir en democracia debían ser conquistados, día a día, mediante la acción política de gobiernos seriamente comprometidos con los ciudadanos.
Quien no garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución no merece gobernar España
Durante las dos legislaturas en que he sido Diputado por Almería he mantenido en las discusiones internas de mi partido que no merece ganar las elecciones generales quien no esté dispuesto a garantizar en su acción de Gobierno que el derecho de los ciudadanos a una vivienda ocuparía un lugar preeminente en su acción de gobierno. Gobernar es un verbo transitivo que supone regir o administrar un país mediante la creación y aplicación efectiva de leyes. Por lo tanto, debe ser un reto para los partidos que tienen opciones de gobernar próximamente el garantizar el derecho fundamental a la vivienda de los españoles.
De mis seis hijos, el pequeño, Alfonso, se acaba de independizar. Tiene 27 años y es arquitecto. Y parece que será un gran diseñador de edificios y de complejos arquitectónicos. (Perdón, soy su padre). Su compañera, profesional de la fotografía, trabaja en una empresa del ramo. Ambos son mileuristas y el salario completo de uno de ellos lo han de dedicar al pago del alquiler de la vivienda que han encontrado en la calle Rosellón de Barcelona. Vivienda que tiene algo más de 50 metros cuadrados. No hay Derecho, y nunca mejor dicha esta popular expresión. Y Alfonso, que es arquitecto y que seguramente se ganará bien la vida en un futuro no demasiado lejano se puede dar por satisfecho. ¿Pero cómo lo harán tantos y tantos jóvenes obligados a no separarse de sus padres porque sus menguados salarios no les permiten hacer frente al precio de los alquileres que hoy están por las nubes? ¡Maldita especulación cuyas principales víctimas suelen ser los más débiles de la sociedad!
El derecho a la vivienda debe ser defendido a capa y espada
Y para ello es necesario que nuestros gobernantes, y quienes aspiran a serlo muy pronto, tengan clara la necesidad de articular, con leyes claras y precisas el contenido del artículo 47 de la C.E. Ya no vale, y los ciudadanos deben ser conscientes de ello, decir con entusiasmo en las proclamas electorales que “prometemos que lucharemos para que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos los españoles”. Eso está muy bien y hay que decirlo. Pero hay que comprometerse a algo más. Ya he dicho al principio de este comentario que el artículo 47 de la C.E. se presenta como un “derecho social” y los “derechos sociales” son difícilmente defendibles ante los tribunales. Silvia Organista, abogada y miembro de la “Asamblea Vivienda Digna para Todas las Personas” lo ha escrito con meridiana claridad: “No existe aún una ley de desarrollo del “derecho” a la vivienda. Por tanto, éste carece de instrumentos que permitan exigir su cumplimiento y dar protección jurisdiccional a sus titulares. Queda así relegado a mera aspiración sociopolítica, dejando de lado lo que supone una vivienda digna, que es mucho más que un objeto de propiedad privada: es, entre otras cosas, vivir en sociedad, proteger a la familia, tener luz y agua corriente, formar parte de una red de seguridad, o tener salud e intimidad”.
El señor Rajoy, si quiere seguir siendo presidente del Gobierno; Pedro Sánchez, el líder socialista cuyo partido ha gobernado en España más tiempo que ningún otro; el señor Rivera que cada día ve más cerca el momento en que llevará las riendas de nuestro país y hasta Pablo Iglesias, a pesar de la marabunta en que está sumergido a causa de su chalet, deben comprometerse públicamente ―y exigimos verlo escrito en sus programas electorales― a que desarrollarán el artículo 47 de la C.E. para que el espíritu de la letra que encierra se convierta en leyes claras y precisas que permitan a los ciudadanos, como poseedores de un derecho subjetivo, llevar ante los tribunales a los responsables de la Administración que les nieguen ese derecho.
Claro que para conseguir eso habrá que desmontar antes la protección de que hoy gozan los especuladores, propietarios de bienes inmuebles, que utilizan las viviendas como el más rentable medio de inversión con que hacerse cada día más ricos sin correr ningún riesgo, desconociendo que el artículo 33 de la Constitución sujeta el derecho de propiedad a su función social, tal como ha sentenciado reiteradamente el Tribunal Constitucional.
Pero de eso, amigos, me ocuparé detenidamente otro día.
