El 30 de julio de 1749, en pleno auge de la ilustración española, algunas autoridades “políticas” de la época, decidieron diseñar un plan para exterminar a todos los gitanos y gitanas de España. Por el hecho (según las mortíferas autoridades) de no cumplir con el perfil de ciudadano que ellos querían, si no te gustan tus súbditos ciudadanos, pues los exterminas y no ha pasado nada.
El plan de aniquilación y exterminio
Un plan ejecutado con nocturnidad y alevosía por el Marqués de la Ensenada, secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias en connivencia con Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla en la Secretaría de Guerra. Urdido con sigilo y destreza en las capitanías Generales durante los meses de junio y julio. Un 30 de julio de 1749 y días posteriores comenzó el plan de aniquilación contra el Pueblo Gitano, llegando a los pueblos y las ciudades más importantes, incluyendo aquéllos donde había un gran contingente de gitanos legalmente avecindados, ejerciendo oficios y con bienes e inmuebles en propiedad. Para más inri, el Marqués de la Ensenada y el obispo de Oviedo, hicieron las gestiones oportunas para obtener expresamente del Papa la exclusión de los gitanos del asilo eclesiástico (en esa época no podían detenerte dentro de las iglesias) salvo a los gitanos.
Las cifras
9.875 gitanos fueron apresados, de los que sólo 3.706 eran menores de diecisiete años, 1.939 varones y 1.767 mujeres. La cifra ascendía a 12.000 si se tenía en cuenta a los que ya habían apresado. Gómez Alfaro.
Donde fueron llevados
Los lugares para recluir a los gitanos y las gitanas apresados/as fueron los arsenales de Cartagena, Cádiz y Ferrol, las minas de Almden, Cádiz y Alicante y algunos del norte de África. Para las mujeres y los niños se escogieron las ciudades de Málaga, Valencia o la Real Casa de la Misericordia de Zaragoza.
La resistencia de los gitanos presos, sus firmes convicciones a no acatar el trabajo forzado en los arsenales, sus intentos de fugas, la heroicidad de las gitanas presas, y el no tener una solución a este grave problema provocado por el Marqués de la Ensenada, todo ello forzó el indulto regio de 1763 de Carlos III.
En 1763, el Monarca Carlos III ordenó el indulto de todos los gitanos apresados, aunque recientemente se ha descubierto que el Conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla (segunda autoridad de la Monarquía Española después del Rey) retrasó la aplicación del indulto con el objetivo de aniquilar a todos los gitanos que seguían en los presidios, minas y arsenales, el Conde Campomanes (Fiscal del Consejo de Castilla) quería aprovechar para solicitar la deportación a los presidios de África y/o expulsión a las Américas.
Los planes del Conde Aranda y Campomanes no tuvieron éxito, y los gitanos y gitanas, poco a poco fueron recobrando la libertad. A pesar del intento de exterminio iniciado el 30 de julio de 1749, por algunas autoridades “políticas” de la época, en connivencia con la monarquía y la jerarquía eclesiástica. El intento de aniquilación se convirtió en supervivencia, resistencia y superación del Pueblo Gitano ante la extrema represión, además provocó las primeras manifestaciones de solidaridad de muchos vecinos payos y algunos alcaldes que protestaron con ahincó contra el trato que estaban dando contra sus convecinos gitanos.
