El fallo del Juzgado constata una vez más la “complejidad subyacente” del caso y la vulnerabilidad de los habitantes del barrio gitano
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel ha desestimado el recurso presentado por la propietaria de los terrenos de Pomecia ocupados por la comunidad gitana, en el que pedía al Ayuntamiento de la capital la demolición inmediata de las 26 viviendas ilegales sobre las que existe un decreto municipal firme para su derribo por encontrarse en situación de infracción urbanística. El fallo constata una vez más la “complejidad subyacente” en esta cuestión, y reconoce la “situación de vulnerabilidad social” en la que se encuentran las familias que residen allí.
La resolución judicial, que acaba de ser notificada a la propietaria de los terrenos, al Ayuntamiento como demandado, y a los vecinos que residen en las viviendas cuyo derribo se solicita que se ejecute y que son codemandados, se dio a conocer después de que el pasado 9 de junio se celebrase una vista oral en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Teruel. El fallo no es firme y cabe la interposición de un recurso de apelación.
La sentencia judicial asume la tesis de los demandados y argumenta que la “inactividad” que plantea el recurso de la propietaria de los terrenos es la orden de demolición de viviendas “a cargo de los obligados, y no una ejecución subsidiaria de demolición de edificaciones, que no ha sido acordada” por parte del Ayuntamiento.
De la prueba documental practicada el día del juicio, la sentencia señala que ha quedado constatada la “complejidad subyacente” en este asunto, por lo que es preciso que haya una actuación administrativa previa a la ejecución subsidiaria para no dejar a esas personas en la calle.
Precisa el fallo que esa complejidad deriva tanto del número de afectados como de la “distinta situación urbanística de las viviendas” que se acreditó en los informes periciales.
También se refiere en su fundamentación para desestimar el recurso a la “prolongada permanencia” de los afectados en estas viviendas durante décadas, que recuerda que es “conocida y tolerada por la propiedad en cuanto que no ha ejercitado acción civil alguna”.
Hace dos semanas la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, y que por el gran número de abogados personados tuvo que celebrarse en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, puso de manifiesto la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las familias que residen en el barrio gitano de Pomecia.
