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¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano. 2016

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CPEDA, Barcelona, 2017.

248 páginas

Sin existencias

Categoría:

Descripción

El infinito poder de los medios de comunicación

Hace unos días que he vuelto a leer una reflexión de Guy Sorman que hago mía en toda su plenitud: “Nos preocupan los populismos, pero no prestamos suficiente atención a las técnicas de comunicación que les permiten prosperar. Si queremos proteger la democracia, tendremos que establecer unas reglas de juego para las redes sociales”.

Sin embargo, todo indica que no es nada fácil. Y no lo es porque no solo no se ponen de acuerdo los agentes sociales sino porque hay en juego altísimos intereses comerciales y económicos que se aprovechan del atractivo que para buena parte de la población tiene el amarillismo, el esperpento y la agresión gratuita. Y al final quien paga la mayor parte de la factura suelen ser los ciudadanos indefensos que han de sufrir todo tipo de insultos y agresiones.

Profundizar en ese asunto supone exponer a quien lo hace desde una postura crítica a que le tilden de anti demócrata o de autoritario encubierto que lucha contra la libertad de expresión. Y no es así, o al menos no debería serlo en todos los casos. Hay principios que hay que salvaguardar y que bajo ningún concepto deberían estar supeditados ni al poder político, ni a los poderes económicos ni al poder subliminal que ejercen los portavoces de las ideologías.

Claramente me estoy refiriendo a la prevalencia de la verdad, al derecho al honor de las personas y a lo que la catedrática de filosofía Victoria Camps ha catalogado como los tres conceptos que enmarcan la figura singular de los seres humanos: la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tres conceptos, dicho sea de paso, que remiten el uno al otro, puesto que: 1) los derechos humanos son los que dan contenido a la dignidad; 2) uno de los núcleos centrales de los derechos humanos es el de las libertades fundamentales; 3) la nota más característica y reconocida de la dignidad humana es, precisamente, la autonomía, o sea, la capacidad del ser humano de escoger y decidir con libertad.

¿Qué quiere decir escoger decidir con libertad?

Es falso sostener que no se lesionan los derechos anteriormente citados porque nadie está obligado a “escoger” entre comprar un periódico clásico donde se respetan las más elementales reglas deontológicas del periodismo, o cualquier otro medio donde se vierten ideas y doctrinas racistas, nazis o incitadoras al odio al diferente.

Sin embargo, en nuestros medios de comunicación abundan informaciones y espacios de opinión que no solo transgreden los principios enunciados, sino que entran abiertamente en el espacio reprobable de los comportamientos claramente tipificados en el Código Penal. Soy abiertamente partidario del sabio refrán que dice “Más vale prevenir que lamentar” y en este caso prevenir supone impedir que las incitaciones al odio o la alabanza de la violencia puedan acarrear consecuencias de dolor o daños irreparables en las personas.

¿La libertad de expresión debe tener límites?

Quienes hacemos este estudio somos periodistas o personas seriamente comprometidas con la defensa de las libertades, ocupando para nosotros un lugar preeminente la libertad de expresión, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y de la libertad de expresión deriva la libertad de prensa, primera conquista que suelen derogar los dictadores para someter a los ciudadanos a los mandatos autoritarios de sus agentes sociales o políticos.

A veces hay quien supedita la libertad de expresión a un pretendido bien común. Nada más falso. La libertad de expresión está en el fundamento de la democracia, sin adjetivos. Tuvo que ser en el siglo XVIII cuando la Ilustración hizo posible un movimiento cultural y liberador del sometimiento a que estaban sometidos los ciudadanos con doctrinas que derivaban directamente de la Revolución Francesa. Si el siglo XVIII ha sido llamado con justicia el Siglo de las Luces lo fue a causa de filósofos tan destacados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau que contribuyeron decisivamente al desarrollo de las artes, de las ciencias y de forma determinante al debate político.

Siendo muy joven cayó en mis manos un escrito donde se glosaba la famosa frase de Voltaire “Combatiré tus ideas hasta la muerte, pero con el mismo afán defenderé el derecho que tienes a expresarlas”. Desde aquel momento –y aún faltaban muchos años para que muriera el general Franco– el pensamiento del gran pensador francés se convirtió para mí en la mejor definición de lo que debe ser el comportamiento democrático en el ámbito político y especialmente en la actividad de los medios de comunicación.

El principio del daño

Todos sabemos que las sociedades civilizadas y los pueblos democráticos reconocen que hay necesidad de poner límites a la libertad de expresión cuando su ejercicio viola la permanencia de otros derechos igualmente legítimos. Y para traer a primer plano la importancia de este hecho, muchos intelectuales, expertos en el estudio de las libertades, suelen recurrir a John Stuart Mill autor de la teoría del “principio del daño”. Su teoría, que no ha sido plenamente aceptada por todo el mundo, a nosotros nos parece acertada. Stuart, que era un filósofo y economista representante de la escuela clásica, también ejerció la política de forma muy singular para su tiempo. Él nació en 1806 y siempre sostuvo que la libertad social consistía en poner límites al poder de los gobernantes, de tal forma que no pudiesen utilizar su poder en beneficio de sus propios intereses y tomar decisiones que pudieran conllevar perjuicio o daño para la sociedad. Mientras que en el espacio individual defendió que cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo con su propia voluntad mientras que estas acciones no perjudiquen a otros.

“La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las presiones políticas, ya que, si bien de ordinario no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma.”

John Stuart Mill
Sobre la libertad (Alianza Editorial)

El principio de ofensa

Joel Feinberg es un filósofo contemporáneo. Nació en Detroit en 1926 y adquirió autoridad internacional tras la publicación en cuatro volúmenes de su obra The Moral. Limits of the Criminal Law. Feinberg, mucho más preciso que Mill, era producto de otra generación radicalmente distinta de la del siglo XIX, y entendió que el “principio del daño” dejaba indefensas a muchas personas que tendrían que sufrir las consecuencias del daño causado, cuando ese daño podría haber sido evitado. Por eso propuso el “principio de ofensa” considerando que es necesario ofrecer una protección contra los comportamientos ilícitos de los demás. Entonces, para no infringir la ley, considera que algunas formas de expresión pueden ser legítimamente prohibidas porque son muy ofensivas.

Estos días he leído una columna firmada por Conrado Granado que puede ilustrar con claridad el principio de ofensa desarrollado por Joel Feinberg. Dice el autor que, en las fiestas de San Isidro, de Madrid, los componentes de un grupo musical de rap gritaron desde un escenario que “se cagaban en la puta madre de todos los policías municipales”. Si bien el hecho en sí ya es lamentable, lo que resulta más inconcebible es que la concejala presidenta de las juntas de Arganzuela y Usera, dijera que ella no veía la ofensa por ninguna parte porque aquellas manifestaciones “se realizaron encima de un escenario, en el transcurso de una performance, amparada por la libertad de expresión y en el marco de una actuación provocadora”. Visto lo visto, –concluye Granado– cagarse en la puta madre de los policías municipales de Madrid forma parte, pues, de esa libertad de expresión que algunos pregonan.

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y líder reconocido por quienes tenemos un compromiso incuestionable en la defensa de los derechos humanos, ha escrito recientemente que “Quienes propagan el discurso de odio, en su defensa enarbolan la libertad de expresión pero en verdad lo que reclaman es libertad de agresión, impunidad para insultar, degradar, despreciar y denigrar, para promover prejuicios, burlarse y humillar, para intimidar, acosar y hostigar, para excluir, marginar y discriminar, para difamar, ridiculizar e inventar mentiras, para incitar a la violencia, concertar agresiones y cometer crímenes, incluidos crímenes de lesa humanidad (…)”

¿Son los periodistas realmente el cuarto poder?

“Los historiadores han observado que sin la radio Adolf Hitler no habría triunfado. Sin Twitter, Trump no existiría”

Los tres poderes del Estado, aquellos a los que con tanto acierto definió Montesquieu –poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial– se han visto condicionados y muchas veces constreñidos por los medios de comunicación que han sido, y siguen siendo, los principales artífices de la creación de los llamados “estados de opinión”.

Han tenido que pasar muchos años para que seamos conscientes de la fuerza arrolladora que tienen los medios en las sociedades democráticas. Y la causa no es otra más que la de que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Costumbre que viene de lejos y que adquirió carta de naturaleza en el siglo XIX cuando Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista escocés que nació en el último suspiro del siglo XVIII atribuyó la expresión “cuarto poder” a Edmund Burke. Fue en 1787 cuando Burke, en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido señaló físicamente a la tribuna de prensa donde se sentaba el verdadero poder: la prensa de entonces.

Es interesante destacar que lo de “cuarto poder” no obedecía tan solo al reconocimiento que su influencia tenía en las autoridades del país, sino a que en el siglo XVII los escaños del parlamento estaban reservados de la siguiente forma: el primero para los Lores Espirituales,  que eran los representantes de la iglesia, el segundo para los Lores Temporales que lo ocupaban los miembros de la nobleza y el tercero estaba reservado para los Comunes, es decir, para los políticos. Pero quedaba un cuarto bloque de los escaños que estaba reservado a los periodistas, es decir, a los genuinos representantes del cuarto poder.

No somos el cuarto poder, somos el primer poder. Hace años que vengo sosteniendo esta tesis que, obviamente no es mía, pero que es compartida por una parte muy amplia de la sociedad. No solo de la sociedad civil sino, sobre todo, de la sociedad política. Cada día crece más el convencimiento de que los periodistas somos los agentes de los medios de comunicación donde reside verdaderamente el “cuarto poder”.

Cada día es más evidente que los periodistas no se limitan a difundir lo que genéricamente podríamos denominar “la opinión pública”. Antes, al contrario, muchos informadores trabajan creando una determinada opinión pública. Sus informaciones suelen estar condicionadas por intereses personales o del grupo de información que ostenta la propiedad del medio. Los periodistas de habla inglesa ya han denominado esta forma de comunicación como “mainstream”, es decir, como la creación de una “corriente generalizada” que conduce más tarde o más temprano, a la conquista del poder.

Abuy Nfubea es un ciudadano negro, luchador incansable contra el racismo, a quien conocí en la Conferencia Internacional de Durban, ha lanzado esta grave acusación: “Los medios de comunicación preparan a la sociedad para aceptar sumisamente situaciones como el racismo, la injusticia y similares, para que creamos que estas situaciones son imprevisibles e irresolubles.”

Fue Herbert Schiller quien escribió y publicó en Buenos Aires, en 1974 un estudio premonitor de lo que decimos: The mind managers una obra que se adelantaba a su tiempo al analizar los mecanismos utilizados por los medios de comunicación para manipular a la opinión pública. Pudimos leer la obra en español bajo el título Los manipuladores de cerebros publicada por Gedisa en 1987. La Dra. Aurora Labio Bernal, de la universidad de Sevilla confiesa que el análisis del escritor estadounidense no puede estar más de actualidad. Treinta años después, los procesos de concentración y transnacionalización han convertido a la comunicación y la información en negocios seguros, por sus beneficios y por su capacidad de influir sobre la población mundial.

Si los medios de comunicación son el “primer poder” ¿Tienen alguna responsabilidad penal si se extralimitan en el uso de su función?

Algunas de nuestras afirmaciones pueden parecer redundantes por ser obvias. Pero, a veces, hasta lo obvio hay que repetirlo incansablemente para que nadie olvide su importancia o su vigencia en la circunstancia concreta que nos haya tocado vivir. Por esa razón creo que no digo nada nuevo al afirmar que los medios de comunicación hacen el papel de verdaderos agentes de control social. Y lo ejercen especialmente cuando narran un conflicto porque delimitan su alcance o generalizan sus consecuencias.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, doctor Juan L. Fuentes Osorio, publicó hace ya más de una década un interesante trabajo cuya lectura recomiendo1. Dice concretamente que “los medios de comunicación presentan una realidad criminal distorsionada. Se sobredimensiona la gravedad y la frecuencia de ciertos acontecimientos al tiempo que otros hechos delictivos cotidianos son condenados al ámbito de lo excepcional”. –¿Acaso todos los estudios que hemos publicado sobre el tratamiento que recibimos los gitanos en los medios de comunicación españoles no avalan la gravedad de lo que manifiesta el profesor Fuentes Osorio?–. Desgraciadamente algunos comunicadores no se limitan a reconocer y presentar el “problema social”, sino que realmente construyen y comunican una imagen virtual que no coincide con la real.

Panem et circenses

Se atribuye a Juvenal, poeta italiano que vivió a caballo de los siglos I y II, la conocida frase “pan y circo”. Con ella los emperadores romanos trataban cínicamente de distraer a las masas para que no se entremetieran en el mundo de la política. Pero lo triste es que hoy, dos mil años después, parece que buena parte de nuestra sociedad se divierte con el circo mediático que le da motivos para distraerse. Hoy, como ayer, darle a la masa “pan y circo” sirve para que, distraída, no se ocupe de otras cosas que son las verdaderamente importantes. De nuevo el profesor Fuentes Osorio nos zarandea cuando escribe: “La violencia, privada o estatal, siempre ha creado fascinación en el auditorio. En las plazas la muchedumbre se agolpaba atraída y repugnada por el espectáculo del suplicio. Se reunía para disfrutar de la ‘fiesta punitiva’. A finales del s. XVIII y primeros del XIX comienza a perderse el contacto directo con ‘el espectáculo punitivo’ que, empero, no desaparece: ‘la plaza pública en las sociedades modernas son los medios de masas’ ”.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Periodista y abogado
Presidente de Unión Romaní

 


1 –   Juan L. Fuentes Osorio. ‘LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL DERECHO PENAL’. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.  2005

¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano. 2016

0,00

CPEDA, Barcelona, 2017.

248 páginas

Sin existencias

Categoría:

Descripción

El infinito poder de los medios de comunicación

Hace unos días que he vuelto a leer una reflexión de Guy Sorman que hago mía en toda su plenitud: “Nos preocupan los populismos, pero no prestamos suficiente atención a las técnicas de comunicación que les permiten prosperar. Si queremos proteger la democracia, tendremos que establecer unas reglas de juego para las redes sociales”.

Sin embargo, todo indica que no es nada fácil. Y no lo es porque no solo no se ponen de acuerdo los agentes sociales sino porque hay en juego altísimos intereses comerciales y económicos que se aprovechan del atractivo que para buena parte de la población tiene el amarillismo, el esperpento y la agresión gratuita. Y al final quien paga la mayor parte de la factura suelen ser los ciudadanos indefensos que han de sufrir todo tipo de insultos y agresiones.

Profundizar en ese asunto supone exponer a quien lo hace desde una postura crítica a que le tilden de anti demócrata o de autoritario encubierto que lucha contra la libertad de expresión. Y no es así, o al menos no debería serlo en todos los casos. Hay principios que hay que salvaguardar y que bajo ningún concepto deberían estar supeditados ni al poder político, ni a los poderes económicos ni al poder subliminal que ejercen los portavoces de las ideologías.

Claramente me estoy refiriendo a la prevalencia de la verdad, al derecho al honor de las personas y a lo que la catedrática de filosofía Victoria Camps ha catalogado como los tres conceptos que enmarcan la figura singular de los seres humanos: la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tres conceptos, dicho sea de paso, que remiten el uno al otro, puesto que: 1) los derechos humanos son los que dan contenido a la dignidad; 2) uno de los núcleos centrales de los derechos humanos es el de las libertades fundamentales; 3) la nota más característica y reconocida de la dignidad humana es, precisamente, la autonomía, o sea, la capacidad del ser humano de escoger y decidir con libertad.

¿Qué quiere decir escoger decidir con libertad?

Es falso sostener que no se lesionan los derechos anteriormente citados porque nadie está obligado a “escoger” entre comprar un periódico clásico donde se respetan las más elementales reglas deontológicas del periodismo, o cualquier otro medio donde se vierten ideas y doctrinas racistas, nazis o incitadoras al odio al diferente.

Sin embargo, en nuestros medios de comunicación abundan informaciones y espacios de opinión que no solo transgreden los principios enunciados, sino que entran abiertamente en el espacio reprobable de los comportamientos claramente tipificados en el Código Penal. Soy abiertamente partidario del sabio refrán que dice “Más vale prevenir que lamentar” y en este caso prevenir supone impedir que las incitaciones al odio o la alabanza de la violencia puedan acarrear consecuencias de dolor o daños irreparables en las personas.

¿La libertad de expresión debe tener límites?

Quienes hacemos este estudio somos periodistas o personas seriamente comprometidas con la defensa de las libertades, ocupando para nosotros un lugar preeminente la libertad de expresión, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y de la libertad de expresión deriva la libertad de prensa, primera conquista que suelen derogar los dictadores para someter a los ciudadanos a los mandatos autoritarios de sus agentes sociales o políticos.

A veces hay quien supedita la libertad de expresión a un pretendido bien común. Nada más falso. La libertad de expresión está en el fundamento de la democracia, sin adjetivos. Tuvo que ser en el siglo XVIII cuando la Ilustración hizo posible un movimiento cultural y liberador del sometimiento a que estaban sometidos los ciudadanos con doctrinas que derivaban directamente de la Revolución Francesa. Si el siglo XVIII ha sido llamado con justicia el Siglo de las Luces lo fue a causa de filósofos tan destacados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau que contribuyeron decisivamente al desarrollo de las artes, de las ciencias y de forma determinante al debate político.

Siendo muy joven cayó en mis manos un escrito donde se glosaba la famosa frase de Voltaire “Combatiré tus ideas hasta la muerte, pero con el mismo afán defenderé el derecho que tienes a expresarlas”. Desde aquel momento –y aún faltaban muchos años para que muriera el general Franco– el pensamiento del gran pensador francés se convirtió para mí en la mejor definición de lo que debe ser el comportamiento democrático en el ámbito político y especialmente en la actividad de los medios de comunicación.

El principio del daño

Todos sabemos que las sociedades civilizadas y los pueblos democráticos reconocen que hay necesidad de poner límites a la libertad de expresión cuando su ejercicio viola la permanencia de otros derechos igualmente legítimos. Y para traer a primer plano la importancia de este hecho, muchos intelectuales, expertos en el estudio de las libertades, suelen recurrir a John Stuart Mill autor de la teoría del “principio del daño”. Su teoría, que no ha sido plenamente aceptada por todo el mundo, a nosotros nos parece acertada. Stuart, que era un filósofo y economista representante de la escuela clásica, también ejerció la política de forma muy singular para su tiempo. Él nació en 1806 y siempre sostuvo que la libertad social consistía en poner límites al poder de los gobernantes, de tal forma que no pudiesen utilizar su poder en beneficio de sus propios intereses y tomar decisiones que pudieran conllevar perjuicio o daño para la sociedad. Mientras que en el espacio individual defendió que cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo con su propia voluntad mientras que estas acciones no perjudiquen a otros.

“La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las presiones políticas, ya que, si bien de ordinario no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma.”

John Stuart Mill
Sobre la libertad (Alianza Editorial)

El principio de ofensa

Joel Feinberg es un filósofo contemporáneo. Nació en Detroit en 1926 y adquirió autoridad internacional tras la publicación en cuatro volúmenes de su obra The Moral. Limits of the Criminal Law. Feinberg, mucho más preciso que Mill, era producto de otra generación radicalmente distinta de la del siglo XIX, y entendió que el “principio del daño” dejaba indefensas a muchas personas que tendrían que sufrir las consecuencias del daño causado, cuando ese daño podría haber sido evitado. Por eso propuso el “principio de ofensa” considerando que es necesario ofrecer una protección contra los comportamientos ilícitos de los demás. Entonces, para no infringir la ley, considera que algunas formas de expresión pueden ser legítimamente prohibidas porque son muy ofensivas.

Estos días he leído una columna firmada por Conrado Granado que puede ilustrar con claridad el principio de ofensa desarrollado por Joel Feinberg. Dice el autor que, en las fiestas de San Isidro, de Madrid, los componentes de un grupo musical de rap gritaron desde un escenario que “se cagaban en la puta madre de todos los policías municipales”. Si bien el hecho en sí ya es lamentable, lo que resulta más inconcebible es que la concejala presidenta de las juntas de Arganzuela y Usera, dijera que ella no veía la ofensa por ninguna parte porque aquellas manifestaciones “se realizaron encima de un escenario, en el transcurso de una performance, amparada por la libertad de expresión y en el marco de una actuación provocadora”. Visto lo visto, –concluye Granado– cagarse en la puta madre de los policías municipales de Madrid forma parte, pues, de esa libertad de expresión que algunos pregonan.

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y líder reconocido por quienes tenemos un compromiso incuestionable en la defensa de los derechos humanos, ha escrito recientemente que “Quienes propagan el discurso de odio, en su defensa enarbolan la libertad de expresión pero en verdad lo que reclaman es libertad de agresión, impunidad para insultar, degradar, despreciar y denigrar, para promover prejuicios, burlarse y humillar, para intimidar, acosar y hostigar, para excluir, marginar y discriminar, para difamar, ridiculizar e inventar mentiras, para incitar a la violencia, concertar agresiones y cometer crímenes, incluidos crímenes de lesa humanidad (…)”

¿Son los periodistas realmente el cuarto poder?

“Los historiadores han observado que sin la radio Adolf Hitler no habría triunfado. Sin Twitter, Trump no existiría”

Los tres poderes del Estado, aquellos a los que con tanto acierto definió Montesquieu –poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial– se han visto condicionados y muchas veces constreñidos por los medios de comunicación que han sido, y siguen siendo, los principales artífices de la creación de los llamados “estados de opinión”.

Han tenido que pasar muchos años para que seamos conscientes de la fuerza arrolladora que tienen los medios en las sociedades democráticas. Y la causa no es otra más que la de que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Costumbre que viene de lejos y que adquirió carta de naturaleza en el siglo XIX cuando Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista escocés que nació en el último suspiro del siglo XVIII atribuyó la expresión “cuarto poder” a Edmund Burke. Fue en 1787 cuando Burke, en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido señaló físicamente a la tribuna de prensa donde se sentaba el verdadero poder: la prensa de entonces.

Es interesante destacar que lo de “cuarto poder” no obedecía tan solo al reconocimiento que su influencia tenía en las autoridades del país, sino a que en el siglo XVII los escaños del parlamento estaban reservados de la siguiente forma: el primero para los Lores Espirituales,  que eran los representantes de la iglesia, el segundo para los Lores Temporales que lo ocupaban los miembros de la nobleza y el tercero estaba reservado para los Comunes, es decir, para los políticos. Pero quedaba un cuarto bloque de los escaños que estaba reservado a los periodistas, es decir, a los genuinos representantes del cuarto poder.

No somos el cuarto poder, somos el primer poder. Hace años que vengo sosteniendo esta tesis que, obviamente no es mía, pero que es compartida por una parte muy amplia de la sociedad. No solo de la sociedad civil sino, sobre todo, de la sociedad política. Cada día crece más el convencimiento de que los periodistas somos los agentes de los medios de comunicación donde reside verdaderamente el “cuarto poder”.

Cada día es más evidente que los periodistas no se limitan a difundir lo que genéricamente podríamos denominar “la opinión pública”. Antes, al contrario, muchos informadores trabajan creando una determinada opinión pública. Sus informaciones suelen estar condicionadas por intereses personales o del grupo de información que ostenta la propiedad del medio. Los periodistas de habla inglesa ya han denominado esta forma de comunicación como “mainstream”, es decir, como la creación de una “corriente generalizada” que conduce más tarde o más temprano, a la conquista del poder.

Abuy Nfubea es un ciudadano negro, luchador incansable contra el racismo, a quien conocí en la Conferencia Internacional de Durban, ha lanzado esta grave acusación: “Los medios de comunicación preparan a la sociedad para aceptar sumisamente situaciones como el racismo, la injusticia y similares, para que creamos que estas situaciones son imprevisibles e irresolubles.”

Fue Herbert Schiller quien escribió y publicó en Buenos Aires, en 1974 un estudio premonitor de lo que decimos: The mind managers una obra que se adelantaba a su tiempo al analizar los mecanismos utilizados por los medios de comunicación para manipular a la opinión pública. Pudimos leer la obra en español bajo el título Los manipuladores de cerebros publicada por Gedisa en 1987. La Dra. Aurora Labio Bernal, de la universidad de Sevilla confiesa que el análisis del escritor estadounidense no puede estar más de actualidad. Treinta años después, los procesos de concentración y transnacionalización han convertido a la comunicación y la información en negocios seguros, por sus beneficios y por su capacidad de influir sobre la población mundial.

Si los medios de comunicación son el “primer poder” ¿Tienen alguna responsabilidad penal si se extralimitan en el uso de su función?

Algunas de nuestras afirmaciones pueden parecer redundantes por ser obvias. Pero, a veces, hasta lo obvio hay que repetirlo incansablemente para que nadie olvide su importancia o su vigencia en la circunstancia concreta que nos haya tocado vivir. Por esa razón creo que no digo nada nuevo al afirmar que los medios de comunicación hacen el papel de verdaderos agentes de control social. Y lo ejercen especialmente cuando narran un conflicto porque delimitan su alcance o generalizan sus consecuencias.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, doctor Juan L. Fuentes Osorio, publicó hace ya más de una década un interesante trabajo cuya lectura recomiendo1. Dice concretamente que “los medios de comunicación presentan una realidad criminal distorsionada. Se sobredimensiona la gravedad y la frecuencia de ciertos acontecimientos al tiempo que otros hechos delictivos cotidianos son condenados al ámbito de lo excepcional”. –¿Acaso todos los estudios que hemos publicado sobre el tratamiento que recibimos los gitanos en los medios de comunicación españoles no avalan la gravedad de lo que manifiesta el profesor Fuentes Osorio?–. Desgraciadamente algunos comunicadores no se limitan a reconocer y presentar el “problema social”, sino que realmente construyen y comunican una imagen virtual que no coincide con la real.

Panem et circenses

Se atribuye a Juvenal, poeta italiano que vivió a caballo de los siglos I y II, la conocida frase “pan y circo”. Con ella los emperadores romanos trataban cínicamente de distraer a las masas para que no se entremetieran en el mundo de la política. Pero lo triste es que hoy, dos mil años después, parece que buena parte de nuestra sociedad se divierte con el circo mediático que le da motivos para distraerse. Hoy, como ayer, darle a la masa “pan y circo” sirve para que, distraída, no se ocupe de otras cosas que son las verdaderamente importantes. De nuevo el profesor Fuentes Osorio nos zarandea cuando escribe: “La violencia, privada o estatal, siempre ha creado fascinación en el auditorio. En las plazas la muchedumbre se agolpaba atraída y repugnada por el espectáculo del suplicio. Se reunía para disfrutar de la ‘fiesta punitiva’. A finales del s. XVIII y primeros del XIX comienza a perderse el contacto directo con ‘el espectáculo punitivo’ que, empero, no desaparece: ‘la plaza pública en las sociedades modernas son los medios de masas’ ”.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Periodista y abogado
Presidente de Unión Romaní

 


1 –   Juan L. Fuentes Osorio. ‘LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL DERECHO PENAL’. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.  2005

¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano. 2016

0,00

CPEDA, Barcelona, 2017.

248 páginas

Sin existencias

Categoría:

Descripción

El infinito poder de los medios de comunicación

Hace unos días que he vuelto a leer una reflexión de Guy Sorman que hago mía en toda su plenitud: “Nos preocupan los populismos, pero no prestamos suficiente atención a las técnicas de comunicación que les permiten prosperar. Si queremos proteger la democracia, tendremos que establecer unas reglas de juego para las redes sociales”.

Sin embargo, todo indica que no es nada fácil. Y no lo es porque no solo no se ponen de acuerdo los agentes sociales sino porque hay en juego altísimos intereses comerciales y económicos que se aprovechan del atractivo que para buena parte de la población tiene el amarillismo, el esperpento y la agresión gratuita. Y al final quien paga la mayor parte de la factura suelen ser los ciudadanos indefensos que han de sufrir todo tipo de insultos y agresiones.

Profundizar en ese asunto supone exponer a quien lo hace desde una postura crítica a que le tilden de anti demócrata o de autoritario encubierto que lucha contra la libertad de expresión. Y no es así, o al menos no debería serlo en todos los casos. Hay principios que hay que salvaguardar y que bajo ningún concepto deberían estar supeditados ni al poder político, ni a los poderes económicos ni al poder subliminal que ejercen los portavoces de las ideologías.

Claramente me estoy refiriendo a la prevalencia de la verdad, al derecho al honor de las personas y a lo que la catedrática de filosofía Victoria Camps ha catalogado como los tres conceptos que enmarcan la figura singular de los seres humanos: la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tres conceptos, dicho sea de paso, que remiten el uno al otro, puesto que: 1) los derechos humanos son los que dan contenido a la dignidad; 2) uno de los núcleos centrales de los derechos humanos es el de las libertades fundamentales; 3) la nota más característica y reconocida de la dignidad humana es, precisamente, la autonomía, o sea, la capacidad del ser humano de escoger y decidir con libertad.

¿Qué quiere decir escoger decidir con libertad?

Es falso sostener que no se lesionan los derechos anteriormente citados porque nadie está obligado a “escoger” entre comprar un periódico clásico donde se respetan las más elementales reglas deontológicas del periodismo, o cualquier otro medio donde se vierten ideas y doctrinas racistas, nazis o incitadoras al odio al diferente.

Sin embargo, en nuestros medios de comunicación abundan informaciones y espacios de opinión que no solo transgreden los principios enunciados, sino que entran abiertamente en el espacio reprobable de los comportamientos claramente tipificados en el Código Penal. Soy abiertamente partidario del sabio refrán que dice “Más vale prevenir que lamentar” y en este caso prevenir supone impedir que las incitaciones al odio o la alabanza de la violencia puedan acarrear consecuencias de dolor o daños irreparables en las personas.

¿La libertad de expresión debe tener límites?

Quienes hacemos este estudio somos periodistas o personas seriamente comprometidas con la defensa de las libertades, ocupando para nosotros un lugar preeminente la libertad de expresión, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y de la libertad de expresión deriva la libertad de prensa, primera conquista que suelen derogar los dictadores para someter a los ciudadanos a los mandatos autoritarios de sus agentes sociales o políticos.

A veces hay quien supedita la libertad de expresión a un pretendido bien común. Nada más falso. La libertad de expresión está en el fundamento de la democracia, sin adjetivos. Tuvo que ser en el siglo XVIII cuando la Ilustración hizo posible un movimiento cultural y liberador del sometimiento a que estaban sometidos los ciudadanos con doctrinas que derivaban directamente de la Revolución Francesa. Si el siglo XVIII ha sido llamado con justicia el Siglo de las Luces lo fue a causa de filósofos tan destacados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau que contribuyeron decisivamente al desarrollo de las artes, de las ciencias y de forma determinante al debate político.

Siendo muy joven cayó en mis manos un escrito donde se glosaba la famosa frase de Voltaire “Combatiré tus ideas hasta la muerte, pero con el mismo afán defenderé el derecho que tienes a expresarlas”. Desde aquel momento –y aún faltaban muchos años para que muriera el general Franco– el pensamiento del gran pensador francés se convirtió para mí en la mejor definición de lo que debe ser el comportamiento democrático en el ámbito político y especialmente en la actividad de los medios de comunicación.

El principio del daño

Todos sabemos que las sociedades civilizadas y los pueblos democráticos reconocen que hay necesidad de poner límites a la libertad de expresión cuando su ejercicio viola la permanencia de otros derechos igualmente legítimos. Y para traer a primer plano la importancia de este hecho, muchos intelectuales, expertos en el estudio de las libertades, suelen recurrir a John Stuart Mill autor de la teoría del “principio del daño”. Su teoría, que no ha sido plenamente aceptada por todo el mundo, a nosotros nos parece acertada. Stuart, que era un filósofo y economista representante de la escuela clásica, también ejerció la política de forma muy singular para su tiempo. Él nació en 1806 y siempre sostuvo que la libertad social consistía en poner límites al poder de los gobernantes, de tal forma que no pudiesen utilizar su poder en beneficio de sus propios intereses y tomar decisiones que pudieran conllevar perjuicio o daño para la sociedad. Mientras que en el espacio individual defendió que cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo con su propia voluntad mientras que estas acciones no perjudiquen a otros.

“La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las presiones políticas, ya que, si bien de ordinario no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma.”

John Stuart Mill
Sobre la libertad (Alianza Editorial)

El principio de ofensa

Joel Feinberg es un filósofo contemporáneo. Nació en Detroit en 1926 y adquirió autoridad internacional tras la publicación en cuatro volúmenes de su obra The Moral. Limits of the Criminal Law. Feinberg, mucho más preciso que Mill, era producto de otra generación radicalmente distinta de la del siglo XIX, y entendió que el “principio del daño” dejaba indefensas a muchas personas que tendrían que sufrir las consecuencias del daño causado, cuando ese daño podría haber sido evitado. Por eso propuso el “principio de ofensa” considerando que es necesario ofrecer una protección contra los comportamientos ilícitos de los demás. Entonces, para no infringir la ley, considera que algunas formas de expresión pueden ser legítimamente prohibidas porque son muy ofensivas.

Estos días he leído una columna firmada por Conrado Granado que puede ilustrar con claridad el principio de ofensa desarrollado por Joel Feinberg. Dice el autor que, en las fiestas de San Isidro, de Madrid, los componentes de un grupo musical de rap gritaron desde un escenario que “se cagaban en la puta madre de todos los policías municipales”. Si bien el hecho en sí ya es lamentable, lo que resulta más inconcebible es que la concejala presidenta de las juntas de Arganzuela y Usera, dijera que ella no veía la ofensa por ninguna parte porque aquellas manifestaciones “se realizaron encima de un escenario, en el transcurso de una performance, amparada por la libertad de expresión y en el marco de una actuación provocadora”. Visto lo visto, –concluye Granado– cagarse en la puta madre de los policías municipales de Madrid forma parte, pues, de esa libertad de expresión que algunos pregonan.

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y líder reconocido por quienes tenemos un compromiso incuestionable en la defensa de los derechos humanos, ha escrito recientemente que “Quienes propagan el discurso de odio, en su defensa enarbolan la libertad de expresión pero en verdad lo que reclaman es libertad de agresión, impunidad para insultar, degradar, despreciar y denigrar, para promover prejuicios, burlarse y humillar, para intimidar, acosar y hostigar, para excluir, marginar y discriminar, para difamar, ridiculizar e inventar mentiras, para incitar a la violencia, concertar agresiones y cometer crímenes, incluidos crímenes de lesa humanidad (…)”

¿Son los periodistas realmente el cuarto poder?

“Los historiadores han observado que sin la radio Adolf Hitler no habría triunfado. Sin Twitter, Trump no existiría”

Los tres poderes del Estado, aquellos a los que con tanto acierto definió Montesquieu –poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial– se han visto condicionados y muchas veces constreñidos por los medios de comunicación que han sido, y siguen siendo, los principales artífices de la creación de los llamados “estados de opinión”.

Han tenido que pasar muchos años para que seamos conscientes de la fuerza arrolladora que tienen los medios en las sociedades democráticas. Y la causa no es otra más que la de que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Costumbre que viene de lejos y que adquirió carta de naturaleza en el siglo XIX cuando Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista escocés que nació en el último suspiro del siglo XVIII atribuyó la expresión “cuarto poder” a Edmund Burke. Fue en 1787 cuando Burke, en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido señaló físicamente a la tribuna de prensa donde se sentaba el verdadero poder: la prensa de entonces.

Es interesante destacar que lo de “cuarto poder” no obedecía tan solo al reconocimiento que su influencia tenía en las autoridades del país, sino a que en el siglo XVII los escaños del parlamento estaban reservados de la siguiente forma: el primero para los Lores Espirituales,  que eran los representantes de la iglesia, el segundo para los Lores Temporales que lo ocupaban los miembros de la nobleza y el tercero estaba reservado para los Comunes, es decir, para los políticos. Pero quedaba un cuarto bloque de los escaños que estaba reservado a los periodistas, es decir, a los genuinos representantes del cuarto poder.

No somos el cuarto poder, somos el primer poder. Hace años que vengo sosteniendo esta tesis que, obviamente no es mía, pero que es compartida por una parte muy amplia de la sociedad. No solo de la sociedad civil sino, sobre todo, de la sociedad política. Cada día crece más el convencimiento de que los periodistas somos los agentes de los medios de comunicación donde reside verdaderamente el “cuarto poder”.

Cada día es más evidente que los periodistas no se limitan a difundir lo que genéricamente podríamos denominar “la opinión pública”. Antes, al contrario, muchos informadores trabajan creando una determinada opinión pública. Sus informaciones suelen estar condicionadas por intereses personales o del grupo de información que ostenta la propiedad del medio. Los periodistas de habla inglesa ya han denominado esta forma de comunicación como “mainstream”, es decir, como la creación de una “corriente generalizada” que conduce más tarde o más temprano, a la conquista del poder.

Abuy Nfubea es un ciudadano negro, luchador incansable contra el racismo, a quien conocí en la Conferencia Internacional de Durban, ha lanzado esta grave acusación: “Los medios de comunicación preparan a la sociedad para aceptar sumisamente situaciones como el racismo, la injusticia y similares, para que creamos que estas situaciones son imprevisibles e irresolubles.”

Fue Herbert Schiller quien escribió y publicó en Buenos Aires, en 1974 un estudio premonitor de lo que decimos: The mind managers una obra que se adelantaba a su tiempo al analizar los mecanismos utilizados por los medios de comunicación para manipular a la opinión pública. Pudimos leer la obra en español bajo el título Los manipuladores de cerebros publicada por Gedisa en 1987. La Dra. Aurora Labio Bernal, de la universidad de Sevilla confiesa que el análisis del escritor estadounidense no puede estar más de actualidad. Treinta años después, los procesos de concentración y transnacionalización han convertido a la comunicación y la información en negocios seguros, por sus beneficios y por su capacidad de influir sobre la población mundial.

Si los medios de comunicación son el “primer poder” ¿Tienen alguna responsabilidad penal si se extralimitan en el uso de su función?

Algunas de nuestras afirmaciones pueden parecer redundantes por ser obvias. Pero, a veces, hasta lo obvio hay que repetirlo incansablemente para que nadie olvide su importancia o su vigencia en la circunstancia concreta que nos haya tocado vivir. Por esa razón creo que no digo nada nuevo al afirmar que los medios de comunicación hacen el papel de verdaderos agentes de control social. Y lo ejercen especialmente cuando narran un conflicto porque delimitan su alcance o generalizan sus consecuencias.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, doctor Juan L. Fuentes Osorio, publicó hace ya más de una década un interesante trabajo cuya lectura recomiendo1. Dice concretamente que “los medios de comunicación presentan una realidad criminal distorsionada. Se sobredimensiona la gravedad y la frecuencia de ciertos acontecimientos al tiempo que otros hechos delictivos cotidianos son condenados al ámbito de lo excepcional”. –¿Acaso todos los estudios que hemos publicado sobre el tratamiento que recibimos los gitanos en los medios de comunicación españoles no avalan la gravedad de lo que manifiesta el profesor Fuentes Osorio?–. Desgraciadamente algunos comunicadores no se limitan a reconocer y presentar el “problema social”, sino que realmente construyen y comunican una imagen virtual que no coincide con la real.

Panem et circenses

Se atribuye a Juvenal, poeta italiano que vivió a caballo de los siglos I y II, la conocida frase “pan y circo”. Con ella los emperadores romanos trataban cínicamente de distraer a las masas para que no se entremetieran en el mundo de la política. Pero lo triste es que hoy, dos mil años después, parece que buena parte de nuestra sociedad se divierte con el circo mediático que le da motivos para distraerse. Hoy, como ayer, darle a la masa “pan y circo” sirve para que, distraída, no se ocupe de otras cosas que son las verdaderamente importantes. De nuevo el profesor Fuentes Osorio nos zarandea cuando escribe: “La violencia, privada o estatal, siempre ha creado fascinación en el auditorio. En las plazas la muchedumbre se agolpaba atraída y repugnada por el espectáculo del suplicio. Se reunía para disfrutar de la ‘fiesta punitiva’. A finales del s. XVIII y primeros del XIX comienza a perderse el contacto directo con ‘el espectáculo punitivo’ que, empero, no desaparece: ‘la plaza pública en las sociedades modernas son los medios de masas’ ”.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Periodista y abogado
Presidente de Unión Romaní

 


1 –   Juan L. Fuentes Osorio. ‘LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL DERECHO PENAL’. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.  2005