La comunidad gitana eslovaca está indignada con un proyecto de ley de seguridad impulsado por el  ministro del Interior Robert Kalinak cuyo contenido estigmatiza a la totalidad de la comunidad gitana identificándola con la criminalidad y la delincuencia. Las nuevas medidas pretenden dar más poderes a la Policía a la hora de intervenir con la población rromà.

Kalinak ha justificado el proyecto de ley por el presunto “aumento” de la delincuencia en las “zonas gitanas”. De hecho, el ministro del Interior eligió un asentamiento gitano de las afueras del municipio de Krompachy (este del país) para ofrecer la rueda de prensa en la que anunció las medidas, acompañado por el director de la Policía Eslovaca, Tibor Gaspar.

Kalinak informó de que a través del proyecto de ley se aumentarán las competencias de los agentes de policía destacados en los asentamientos gitanos y a su vez, se incrementará el número de agentes y de comisarías en los poblados. En este sentido, anunció que ciertos asentamientos gitanos serán monitorizados con un circuito de televisión.

También reveló que el proyecto de ley contempla la financiación de patrullas cívicas, formadas por ciudadanos de a pié que deberán recorrer los asentamientos gitanos, y serán los encargados, junto con los agentes de policía, de crear un censo con datos estadísticos con “crímenes gitanos”, según expresó el ministro. “La delincuencia en otras regiones de Eslovaquia ha caído casi a la mitad en la última década. En estas áreas, sin embargo, se ha estancando o incluso ha aumentado”, argumentó Kalinak.

La comunidad gitana no ha esperado para hacerse oír y para rechazar la nueva ley, que se quiere presentar a finales de enero en el Parlamento. El representante del Gobierno para la comunidad rromà, Abel Ravasz, ha criticado duramente el texto creado por Kalinak. “Rechazo las leyes que dividen a los delincuentes en función de su pertenencia étnica”, opinó Ravasz, quien a su vez reprochó que se prefiera la represión a la prevención y advirtió que el texto sería contrario a los tratados de Derechos Humanos que Eslovaquia ha firmado.

Ravasz se reunió de urgencia con el presidente eslovaco Andrej Kiska, quien compartió su preocupación por el texto. Según recogió la agencia de noticias SITA, el presidente evaluó críticamente el proyecto de ley y dijo que esperaba “medidas constructivas” que comprendan la criminalidad como resultado de las condiciones de vida de pobreza extrema que padece buena parte de la población gitana en el país.

En esta línea también se ha pronunciado la ministra de Justicia, Lucia Zitnanská, quien advirtió de la fractura social que puede causar esta medida. “La tensión en la sociedad se aviva fácilmente con propuestas populistas, pero es difícil calmarla”, dijo a través de las redes sociales. La ministra de justicia mostró su desacuerdo en propiciar “leyes dirigidas exclusivamente a un grupo étnico” puesto que las normas son “para todos los ciudadanos”.